2019
Abya Yala ACIN ACISC ACIT ACONC Acuerdo Final Afrocolombianos Afrofeministas Agencia Prensa Rural ALCALDE Alexander Escobar amazonia Amenazas America Latina ANZORC Arauca Arte para la paz ASCAL-G Asesinatos ASISC ASOCATA ASTROZONACAL AUTORIDADES TRADICIONALES Bakatá Bogotá Boletín Informativo Buenaventura Caldono Caloto Campesinos Capítulo Étnico Caquetá Catatumbo Cauca Cenpaz CESAR CESE BILATERAL Chocó Coca Sagrada Cocaleros Colectivo Juvenil Tulpa Caldono COLOMBIA Comunicados CONAFRO Congreso de los Pueblos CONPAZ CONPI Consejo Comunitario Consulta Previa Córdoba Corinto COVID19 CRIC CSIVI CULTURA Cumbal Cumbre Agraria Defensa de la Madre Tierra Defensor de DDHH Delincuencia Informática Denuncias Derechos Humanos Diálogos de paz ELN Eva Golinger Eventos FARC FENSUAGRO FEU Formación FORO FOSPA Frente Amplio Fuerza Pública Genocidio Gobierno Nacional Grupo Pijao Guajira Guardia Cimarrona Guardia Indígena Huber Ballesteros Ibagué Implementación impunidad Incauca Informes Instancia Especial con Pueblos Étnicos Intancia Especial con Pueblos Etnicos Internacional Jóvenes Justicia y Paz KWESX KXAW La paz Si es Contigo Líderes Sociales Luz Mery Panche Chocue Majayura Makaguan Marcha Patriótica Marcha Patriótica Cauca Marcha por la Paz María Jesús Pinto Masacre del Nilo Medio Ambiente Medios de comunicación Meta MOEPP movilizacion Mujeres Indígenas por la Paz Muralismo Nariño NASAS Natagaima Naya Ni una menos Nilo No más Abusos Norte del Cauca ONIC Opinión Organiación Popular organización estudiantil p Paramilitarismo PARO NACIONAL PAZ Paz en Peligro PCN Pioyá Pital PNIS Política Agraria Presidente de la Republica Prisioneros Políticos Protesta Social Pueblo Embera Pueblo Inga Pueblo Korebaju Pueblo Misak Pueblo Murui Muina Pueblo Nasa Pueblo Nuevo Pueblo Pijao Pueblos Indígenas PUPSOC Putumayo Quibdó Re-victimización Reconciliación REDDHFIC Relato REMAP Renán Vega San Vicente del Caguán Sucre Territorios interculturales TOLIMA Tomàs Gisbert Tulpa TUMACO Tumburao Unai Aranzandi Unión Patriótica UNIOS Valle del Cauca Videos Vigilia Por La Paz WAUNDEKO Wayúu Zona Veredal ZRC ZVTN



Conferencistas de la Cátedra “Construcción de Paz en la Amazonía”.

De izq. a der.: Adriana Prieto, directora de programas de Fulbright; Jorge Forero, consultor Cenpaz y exbecario Fulbright – Hubert H. Humphrey; Mercedes Mejía, docente de la Universidad de la Amazonía; Octavio Villa, docente de la Universidad de la Amazonía; Tania Guzmán, representante ante la JEP y exbecaria  Fulbright – Hubert H. Humphrey; Aquileo Mosquera, representante de comunidades afrocolombianas; Luz Mery Panche, representante comunidades indígenas; Steven Hege, conferencista estadounidense senior expert del United States Institute of Peace, USIP.


Florencia, Caquetá. Noviembre 15 de 2019. La Cátedra buscó generar diálogos de saberes entre los habitantes del territorio, la academia especializada y las experiencias internacionales en escenarios de postconflicto. Es así como exploró las miradas y apuestas del campesinado y los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan la Amazonía, complementada con la academia especializada de la región, exbecarios Fulbright expertos en el tema; y  experiencias internacionales en construcción de paz, con el fin de identificar recomendaciones y miradas comparadas al proceso en Colombia.


La Cátedra surge de situaciones en regiones, como el Caquetá, en las que se ha venido experimentando un acelerado incremento de la deforestación y demanda por recursos minero energéticos que generan conflictos sociambientales en un medio de una lenta implementación del Acuerdo de Paz.

El evento contó con la siguiente programación:

Comversatorio Experiencias Internacionales en Construcción de Paz

Steven Hege, teólogo, Máster en Derecho, Asuntos Internacionales y Resolución del Conflictos de la Universidad de Columbia (Nueva York), Sciences-Po (París) y la Universidad de Los Andes (Bogotá). Realizó estudios de Paz y Justica en el Boston College y es experto en Construcción de paz. Actualmente se desempeña como Director para Latinoamérica y Senior ExpertColombia Peace Process en el United States Institute of Peace, USIP. Fue becario Fulbright de 2002 a 2004. Abordó las experiencias internacionales en contrucción de paz y las miradas del USIP al presente proceso de implementación en Colombia.

Conversatorio “La Amazonía colombiana, principales problemas y desafíos ambientales”

Mercedes Mejía Leudo. Ingeniera Agrónoma, MSc. Estudiante del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad de la Amazonía. Profesora de la Universidad de la Amazonía. Coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá.

Octavio Villa Peláez. Sociólogo, experto en la Amazonía. Profesor de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonía. Integrante equipo académico de la Oficina de Paz de la misma institución.

Conversatorio “Experiencias campesinas, indígenas y afros en la protección de la Amazonía”

Luz Mery Panche Chocué. Ingeniera Agrónoma. Indígena Nasa del Caquetá. Vocera Instancia Especial con Pueblos Étnicos para la implementación del Acuerdo Final de Paz. Vocera Nacional CENPAZ Coordinación Étnica Nacional de Paz.

Aquileo Mosquera  Integrante de la Mesa Consultiva Nacional para Pueblos Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros. Vocero Nacional de la Coordinación Nacional de Comunidades Afrocolombianas – Conafro

Edusmildo Rios Alvarado, proveniente de la región del Fragua, del sur del Caquetá, de una organización de base campesina llamada Portales del Fragua, adscrita a la Coordinadora Departamental de Organizaciones del Caquetá - COORDOSAC. Representa a los cocaleros en la mesa de concertación para la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito – PNIS.

Conversatorio “La reforma agraria y la reforma rural integral en Colombia como garantía para la paz. Miradas desde Estados Unidos”

Tania Guzmán Pardo. Becaria Programa Hubert H. Humphrey 2015-2016. Abogada, MSc. en Ciencia Política. Asesora de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.

Jorge Andrés Forero González. Humphrey Fellow 2018-2019. Economista, MSc (e) en Ciencia Política. Consultor CENPAZ en Instancia Especial de Pueblos Étnicos para la Implementación del acuerdo de Paz e Investigador Colectivo Agrario Abya Yala.

La jornada fue financiada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y se realizó en alianza con la Universidad de la Amazonía, el Colectivo Agrario Abya Yala y el Instituto de Paz de los Estados Unidos.



Cauca, Colombia 4 de Noviembre del 2019.


Comunicado a la opinión publica

El Movimiento de los sin tierra: Nietos de Manuel Quintín Lame, rechazamos el asesinato sistemático de nuestros dirigentes, autoridades, guardias indígenas y comuneros entre ellos el de Jesus Eduardo Mestizo, comunero indígena del municipio de Toribio, él, fue fundador de la Asociación Avelino Ul, Lorenzo Ramos hoy AITPROA, Asociación regional indígena por la defensa de la soberanía alimentaria- ARISA,  También acompaño la liberación de la madre tierra en las Haciendas de Japio, la emperatriz, Mal abrigo y acompaño en las diferentes mingas de lucha y resistencia al lado de los campesinos, su organización de base Avelino Ul, articula con procesos como Marcha Patriótica, Proceso de unidad popular del suroccidente colombiano – PUPSOC, federación sindical agropecuario – FENSUAGRO, Coordinación nacional de pueblos indígenas de Colombia – CONPI, además se articulan con el movimiento de los sin tierra Nietos de Manuel Quintín Lame. 

Como organización indígena siempre hemos trabajado y trabajaremos a favor de la paz, tal como lo hicimos en la construcción del capítulo étnico para la terminación del conflicto armado entre el gobierno y las FARC-EP, nuestro sueño es que nuestras generaciones puedan tener la tan anhelada paz y que con hechos como el asesinato de Jesus Eduardo Mestizo ponen en duda y más cuando desde el Gobierno de Iván Duque Márquez no tiene la voluntad política de implementar los acuerdos y mucho menos de garantizar la vida de sus conciudadanos. 

Desde  El Gobierno Nacional pareciera que ve con beneplácito la muerte de cada dirigente campesino, líderes estudiantiles, excombatientes en proceso de reincorporación,  guardia indígena, autoridades indígenas, entre otros, su permisividad solo ahonda la desconfianza con las instituciones que deben garantizar la vida y el derecho a que en nuestros territorios se pueda vivir en paz. 

El asesinato de Jesus Eduardo Mestizo, hecho perpetuado por disidencias de las FARC de la columna móvil CARLOS PATIÑO el día domingo 3 de noviembre en horas de la noche, nos lleva a dudar sobre su verdadero sentir como revolucionarios y con estos hechos le están es haciendo un favor al gobierno, a la oligarquía y a la elite que nos gobierna. Quienes conocieron a CARLOS PATIÑO nunca fue este su pensar y accionar contra los pueblos indígenas. 

Además rechazamos los diferentes comunicados que provienen del  grupo “renacer Quintín Lame”, el cual en ocasiones utiliza logotipos de cabildos o símbolos que son exclusivamente de uso de las autoridades pertenecientes al CRIC, la comunidad no puede ser ingenua frente a este tipo de convocatorias que solo busca atraer incautos y que en nada ayudan en la búsqueda de la unidad y menos en la seguridad para nuestros territorios.

Le exigimos al gobierno nacional la implementación de los acuerdos de paz, además garantías y respeto por nuestros territorios y se garantice el respeto a la vida de cada uno de nuestras autoridades y comuneros. 

Instamos a la comunidad internacional y organizaciones solidarias para que estén atentos y que hagan las respectivas denuncias sobre la violación de los derechos humanos y la vulneración de nuestros territorios.

De Man
Octubre de 2019 



La Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ es una plataforma de pueblos étnicos conformada por diferentes procesos organizativos de alcance nacional y regional, que convergen en torno a la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Desde 2016 y como mandato somos pueblos indígenas y afrocolombianos centrados en la Construcción de Paz. CENPAZ junto con otras organizaciones de los pueblos étnicos participamos en la construcción del Capítulo étnico de los acuerdos que crea la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IEANPE) de la cual hacemos parte. Nuestros mandatos como CENPAZ y como parte de la IANPE, actuamos como instancia consultora, representante e interlocutora de primer orden ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdos Final de Paz - CSIVI y las Institucionesdel alto gobierno en lo correspondiente al Capítulo transversal Étnico . (Punto 6.2. Acuerdo Final de Paz) 

Los días 25, 26 y 27 de septiembre, delegadas y delegados de los procesos territoriales y nacionales que convergemos en CENPAZ nos encontramos en el Resguardo Indígena Pijao Mesas de San Juan, en el Municipio de Coyaima, del departamento del Tolima. Nos encontramos pueblos llegados de los departamentos de Guajira, Sucre, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonia, en nombre de , la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia CONPI, las Comunidad Construyendo Paz en los Territorios - CONPAZ, y la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades – CONAFRO. 

Este encuentro tuvo dos objetivos centrales; el primero, compartir el análisis del estado de la implementación del Acuerdo Final en los territorios étnicos en los que tenemos presencia, lo cual nos permitió evidenciar la complejidad de la implementación en todos los territorios, las dificultades que se han generado con la mayoría de las instituciones creadas en el marco del Acuerdo Final, , la falta de voluntad del gobierno y de sus instituciones para impulsar la implementación, y la no apropiación por parte de las instituciones de lo que significa transversalización del enfoque étnico en todas las políticas, planes y programas a implementarse en los territorios. Este mapeo también nos permitió ver la grave crisis humanitaria que se vive en todos los territorios étnicos por la reconfiguración de estructuras armadas de tipo paramilitar, el aumento de la presencia militar del Estado y la continuidad del conflicto armado con el ELN y las disidencias de las FARC, E.P, quiénes , imponen control social y territorial en torno al negocio de las economías ilgales, afectando la autonomía y gobernanza en los territorios etnicos. la situación se agrava, dadas las falencias que en términos organizativos tenemos, mucho de ello causado por la incapacidad de articular procesos en la condición actual de los territorios. Lo discutido en el desarrollo del evento en espacio autónomo se recoge así: 

  • Reactivación de los procesos organizativos de base que se encuentran dispedispersos en los territorios, como estrategia para tener control e incidencia efectiva en la implementación de los Acuerdos en nuestros territorios, debemos actuar como interlocutores en todos los niveles. 
  • Autoprotección: La evidencia de la incapacidad del Estado en la creación de estrategias efectivas para garantizar la protección de la vida y la integridad física de los líderes y lideresas sociales, los defensores y defensoras de derechos humanos, y los territorios que habitamos, obligan a repensarnos y fortalecer estrategias de fortalecimiento de los mecanismos propios de protección de la vida y del territorio que históricamente han implementado los pueblos, como el fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas, el fortalecimiento y creación de nuevos mecanismos humanitarios como lugares de refugio, zonas humanitarias, Resguardos humanitarios y biodiversos, fortalecer el acompañamiento internacional. Esto no significa de ninguna manera, olvidar la obligación constitucional que tiene el Estado de garantizar protección para todos sus ciudadanos. 
  • Seguiremos impulsando nuestra misión de convertirnos en alternativa organizativa para los pueblos étnicos en Colombia (negros e indígenas) y promover formas de acción política y opción de poder desde y para las comunidades y sus territorios. 
  • El diálogo, relacionamiento y articulación con otros procesos organizativos, movimientos sociales, estructuras políticas, instituciones de gobierno nacionales e internacionales, que promuevan un interés general por el bienestar de los pueblos étnicos, es una condición necesaria para avanzar en el logro de nuestros objetivos.
  • Autonomía e independencia de CENPAZ frente movimientos amplios, instituciones y partidos políticos. La militancia de uno de sus miembros es autónoma y no compromete al colectivo. Es importante anotar que la determinación de autonomía e independencia como proceso organizativo no niega la necesidad de diálogo e interrelación con organizaciones, instituciones y partidos afines a nuestro carácter misional. 
  • Hacemos un llamado a la diversidad de procesos organizativos de las comunidades negras e indígenas a trabajar en procura de la unidad y hermanamiento para la potencialización de un movimiento étnico con alcance nacional en defensa de la vida, los derechos y el territorio de nuestros pueblos.


En un segundo momento establecimos un diálogo con la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad - CEV, en compañía de las Comisionadas étnicas Angela Salazar y Patricia Tobón Yagarí, en este también nos visitó el comisionado Carlos Guillermo Ospina, responsable del territorio Centro Andino en la CEV. Este espacio tuvo como objetivo socializar con los delegados-as territoriales de CENPAZ la función y alcance del Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición - SIVJRNR, sobre el papel que los pueblos étnicos tenemos en este sistema, y sobre cómo hacer posible dicho papel. En el caso de la CEV, profundizamos sobre su mandato de esclarecer la verdad sobre las causas estructurales del conflicto y sus afectaciones e impacto en la sociedad colombiana, así como de promover el reconocimiento de responsabilidades y de recomendaciones y estrategias para la reconciliación del pueblo colombiano. Este componente viene realizando su trabajo desde una incorporación responsable del enfoque étnico en cabeza de las dos comisionadas y sus equipos de trabajo.
De manera conjunta Acordados:

  • Integrar un equipo de CENPAZ que a acompañaran el proceso de archivo, de comunicación y otros procesos de recolección y documentación para la metodología étnica con la Comisión de la Verdad que se comprometió a financiar ese equipo. 
  • CENPAZ presentara una ruta metodológica para la recolección de información para la construcción del Informe a la Comisión de la Verdad. 
  • Elaboración de una la línea de tiempo a partir de los tres encuentros territoriales acordados. 
  • Participación en actos simbólicos nacionales (presentación líneas racismo, naturalización de la racialización y el conflicto y pueblos indígenas en proceso de exterminio del país) 
  • Oficiar una reunión de CENPAZ con todo el SVJRNR 
  • Identificar regiones donde se van a hacer actos de reconocimiento de responsabilidad temprana


Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ, Integrante Instancia Alto Nivel para los Pueblos Étnicos, e-mail: cenpazcolombia@gmail.com Secretaría técnica: 3164488323, Vocerías CENPAZ: 3133102483 – 3175423840  

Por: Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ- Integrante Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo Final de Paz.


En visperas de los 3 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, celebramos el seguimiento que viene haciendo la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia a la implementación del Capítulo Étnico de lo acordado. Si bien existen dificultades de fondo al la implementación del acuerdo, el rol de la comunidad internacional  es un simbolo de esperanza y viene apoyando el trabajo de los pueblos y organizaciones que desde los territorios le apostamos a la construcción de paz.  

En el último informe ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fechado del pasado 1 de octubre y que será presentado  oficialmente el 10, la Misión de Verificación  resalta en las disposiciones 12, 36, 61, 62, 78, 79, 88, 99 y 103 aspectos claves sobre el estado actual de la implementación y el rol de los pueblos étnicos en referencia a los mandatos de la Misón en Colombia. Resaltamos y complementamos a continuación estas disposiciones.

Reincorporación Económica y Social

En lo referente a las tareas de la Mision, en el punto de la reincorporación economica y social, el Informe resalta como, "En algunos casos, las autoridades de los pueblos étnicos han dado acceso a los excombatientes a tierras ubicadas en territorios étnicos colectivos" (p.6). Esto demuestra la voluntad y espiritu reconciliador y de construcción de paz que caracteriza a los pueblos étnicos de Colombia y aún ante la restricción del gobierno nacional a avanzar con celeridad en el tema de acceso a tierras a los excombatienetes, las comunidades y pueblos respondemos. Si bien, exigimos que se avance en lo acordado especialmente en tema de acceso a tierras para los pueblos etnicos y el campesinado en su conjunto como lo estipula el punto 1 del acuerdo de paz y que es uno de los puntos con menores avances del proceso de implementación.

Garantías de Seguridad en los territorios.

En lo referente a las "Garantías de seguridad para las comunidades, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los líderes sociales", el informe alerta sobre la preocupante situación en el Cauca, en especial con la situación de vulnerabilidad de derechos fundamentales del pueblo Nasa, asi como la de los pueblos indigenas de Chocó, Antioquia y Nariño: 

"La comunidad¨[pueblo]indígena Nasa, en el norte del Cauca, también se ha visto particularmente afectada por los enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control territorial. Durante el período sobre el que se informa, 11 miembros de la comunidad, incluidos 6 de sus líderes, fueron asesinados. En 2019 han sido asesinados 25 miembros de la comunidad Nasa. Además, me preocupa la situación de las comunidades [pueblos] indígenas y afrocolombianas en el sur del departamento del Chocó y el este del departamento de Antioquia, así como en el departamento de Nariño" (p.10)

Así mismo describe el Informe de la Misión como "Los atentados relacionados con las elecciones se producen en un contexto de violencia continua y alarmante contra líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, excombatientes de las FARC-EP, personas que participan en la implementación del Acuerdo de Paz y comunidades rurales, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Se necesitan urgentemente medidas claras para desmantelar las redes criminales e investigaciones penales eficaces para identificar a los autores intelectuales y materiales" (p.19)

Complementando en el llamado al Estado colombiano y con propuestas que surgen desde las pueblos indígenas y afrocolombianos para enfrentar esta situación de vulnerabilidad,  el Informe ante el consejo de Seguridad de Naciones Unidas resalta el papel de la guardias indígenas y cimarronas, historicas formas organizativas de proteción y autoprotección de la vida y el territorio:

"Se necesitan urgentemente medidas de seguridad integrales para las comunidades del Cauca y otros departamentos históricamente afectados por el conflicto. Esas medidas deberían incluir un enfoque de género y étnico y medidas específicas de protección que pueden incluir, entre otras medidas, el fortalecimiento de la Guardia Indígena, así como acciones concretas para avanzar en las  investigaciones y planes claros para desmantelar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo" (p.10-11)

Cuestiones transversales: asuntos étnicos.

En un apartado específico sobre los pueblos étnicos el Informe de la Misión de Verificación resalta la importancia de la la aprobación del plan de trabajo de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos por parte de la CSIVI. Si bien, tenemos que decir que a la fecha, y tras casi 3 años de firmado el acuerdo final de paz, ni con Santos, ni con Duque se ha cumplido lo referente a la financiación del trabajo de la Instancia. El seguimiento y acompañamiento a la implementación  se ha hecho de forma autogestionada y con el compromiso de las organizaciones que hacen parte de la Instancia, pero sin un respaldo decidido de parte del gobierno nacional, este trabajo ha sido limitado. Desde CENPAZ como integrantes y voceras(os) de la Instancia llamamos al gobierno nacional y al Dr. Emilio Archila, Alto Consejero para el Postconflicto a dinamizar con prioridad la puesta en marcha del plan de trabajo de la Instancia. En especial por los mandatos de la Instacia en la interlocución a nivel nacional y territorial con las instituciones encargadas de la implementación del Capítulo Ëtnico y en donde se ha identificado falencias estructurales. En cuestión hace referencia el informe de la Misión:

"El 13 de agosto, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final aprobó el plan de trabajo de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, destinado a fortalecer el papel de esta última como principal interlocutora de la Comisión para la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Se han registrado algunos avances en el cumplimiento de los compromisos contraídos en mayo por varias entidades públicas de incluir medidas concretas en sus planes de trabajo y presupuestos en relación con la implementación de dicho capítulo. Se alienta a la subcomisión temática sobre asuntos étnicos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a que reanude su labor."(p.13)


En este mismo apartado, llama la atención el informe de la Misión, sobre la situación de vulnerabilidad de los excombatientes de los pueblos étnicos, que en el primer censo de FARC, ascendian al 30% del total de los excombatientes. En este punto es clave el papel de la Instancia y de las pueblos étnicos en los territorios, dados los necesarios programas de reincorporación y armonización que debe ponerse en marcha y donde hemos querido participar pero seguimos econtrando obstaculos: 

"Los excombatientes de origen indígena y afrocolombiano siguen enfrentándose a retos específicos para la reincorporación. Además del programa de armonización que está examinando la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, es importante apoyar proyectos productivos para esta población. Los riesgos para la seguridad de los excombatientes de origen étnico en el departamento del Chocó son especialmente preocupantes, en particular para quienes abandonaron el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Vidrí después de su cierre" (p.13)

Referente a este punto, el Secretario General Antonio Gutterres  y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu presentarán ante el Consejo de Seguridad el proximo 10 de octubre el llamado a que "Se debería prestar especial atención a las necesidades y circunstancias particulares de los excombatientes de origen indígena y afrocolombiano y de los excombatientes con discapacidad".  De esta forma se reafirma el compromiso con una mirada étnica a la reincorporación de los excombabientes y a la posibilidad de construcción de paz de en los territorios. 

Finalmente vemos con interés los llamados del Informe referente a la Justicia Especial para la Paz, en el avance para la "acreditación de las comunidades indígenas y los consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas"(p.3)  y las reuniones del Jefe de Misión y compromisos conjuntos con la Instancia del pasado 19 de septiembre  asi como las "reuniones conjuntas con la Organización
Nacional Indígena de Colombia sobre un plan de acción específico para los territorios indígenas" (p.15)

Desde CENPAZ llamamos al Estado Colombiano a seguir las recomendaciones de la Misión de Verificación de la ONU en el país, a fortalecer su mandato y a hacer posible el sueño de paz que como generación estamos construyendo en el país. 



Ayer 19 de septiembre de 2019 en vísperas de los 3 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, por primera vez miembros de la la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos - IEANPE, se reunió con en Bogotá con Carlos Ruiz Massieu Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas en Colombia y Jefe de la Misión de ONO en en el país. 

Durante la reunión se generaron intercambios y balances sobre cómo van la implementación de los acuerdos de paz con los pueblos étnicos, a sabiendas, que el mismo contempla un Capitulo Étnico que le dio origen a IEANPE encargada de servir de órgano de interlocución política, consultor y representante ante el gobierno nacional en el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. La Instancia conformada por la Comisión Étnica para la Paz y la Coordinación Etnica Nacional de Paz, CENPAZ, está constituida por organizaciones territoriales, regionales y nacionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos y fue lider del proceso de concertación del Plan Marco de Implementación, así como viene acompañando el proceso a nivel territorial.

En conjunto con Carlos Massie y con Gabriela Holguin encargada de los asuntos étnicos de la Misión pudimos constatar que la implementación del acuerdo de paz es una prioridad para la comunidad internacional  y como respalda la  esperanza de vivir en nuestros territorios sin la sobrobra de la guerra. Hoy con el rearme de un sector de la ex-guerrilla, el paramilitarismo revitalizado y  el  debil cumplimiento de los acuerdos por parte de gobierno Santos y Duque, vemos que la esperanza que teniamos sembrada en lo los acuerdo de paz esta en grave riego. No queremos horror de nuevo en nuestro territorio y los asesinatos de nuetras comunides y el desplazamientos forzado debe parar!. En este escenario y como se presentó en la reunión cobra importancia poner en marcha el plan de acción de la IEANPE aprobado a la CSIVI en julio pasado y en espera de la voluntad política y celeridad de Emilio Archila alto Consejero para el Postconflicto.

Como acuerdos de la reunión entre la Instancia y el jefe de la Misión de la Naciones Unidas en Colombia decidimos poner en marcha tareas conjuntas relacionadas con:

  1. Tener reuniones periódicas para un seguimiento detallado a los mandatos de la Instancia y la Misión en la implementación del acuerdo de paz.
  2. Insistir en la importancia de fortalecer los mecanismos propios de seguridad, como son la guardia indígenas y la guardia cimarrona entre otros.
  3. Visitar en conjunto los territorios de los pueblos étnicos donde se están implementando los acuerdos.
  4. Potencializar y visibilizar las propuestas de los pueblos étnicos  la implmentación de lo acordado donde destacán las propuestas de armonización entre las comunidades y los excombatientes.
  5. Apoyo a los Mandatos de la Misión en la implmentación donde destacamos como se viene incluyendo un capítulo étnico en los informes de la Misión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.


Con estos acuerdos esperamos que la implementacion del capítulo étnico y del acuerdo de paz en su conjunto tenga un nuevo empuje para que lo acordado en la Habana contribuya a ese sueño de paz sembrado hace tres años y pronto comience a dar frutos en todo el país,  en especial a las personas y los territorio mas afectado por la guerra.



• ¡El único camino es la paz, el cumplimiento de los Acuerdos es el camino!
“Proponemos que al cumplirse los 3 años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se realice un acto solemne con presencia de todas las instancias de implementación de dicho acuerdo en el cual se presente al país y a la comunidad internacional el balance de lo realizado, las políticas públicas y planes diseñados y las actividades y metas a cumplir en el año 2020 para dar un salto adelante en el cumplimiento de lo pactado. En esta Cumbre a realizarse el 27 de noviembre de 2019 deberá invitarse al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a los gobiernos y representaciones diplomáticas que se han comprometido con la paz de Colombia con su acompañamiento en este periodo”.
I. En vísperas de cumplirse tres años de implementación del Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera (AFP), más de 150 delegados y delegadas de la sociedad civil que integramos instancias encargadas de la implementación de ese acuerdo nos reunimos en Bogotá, para realizar esta Cumbre.
El Acuerdo creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, encargadas de impulsar y hacer seguimiento a diversos aspectos de la implementación. En veintiuna de esas instancias hay delegados/as civiles (incluidos ex integrantes de FARC –EP), no estatales, como integrantes plenos en comisiones y comités encargados de contribuir a la implementación de distintos ejes de acción, como la participación y apertura política, la reforma rural integral, la política de drogas y sobre cultivos de uso ilícito, la construcción de un sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, el establecimiento de garantías de seguridad a comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y de la construcción de paz y la reintegración social, reincorporación económica y política de los excombatientes firmantes de los acuerdos. Creó así mismo mecanismos para hacer el seguimiento a la implementación de los enfoque de género, étnico, diferencial y territorial en el acuerdo de paz y la instancia étnica.
La Cumbre de integrantes civiles analizó los avances, dificultades y retos en la implementación de los acuerdos para elaborar propuestas que ayuden a superar la actual situación de fragmentación, desarticulación, falta de comunicación y presupuesto, freno y/o parálisis en muchas de las instancias participativas. En consecuencia, las recomendaciones qué se resumen en este texto llaman a proyectar, de inmediato y para el año 2020, un relanzamiento de las políticas, planes y programas que respondan a las necesidades urgentes de la paz y permitan superar fallas e incumplimientos que están poniendo en riego no solo la implementación de los acuerdos sino el futuro de Colombia hacia una paz más completa, sostenible y duradera.
II. Sin duda la firma del AFP, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados.
El conjunto de la realidad política ha cambiado ofreciendo oportunidades para la emergencia de dinámicas transformadoras y el fortalecimiento de la democracia. Los indicadores de violencia armada e infracciones
al DIH muestran un descenso hasta bajos niveles sin precedentes, los movimientos sociales han cobrado vigor en la defensa de derechos, la política se reordena con movimientos y partidos que defienden la paz, la apertura política y otras alternativas al desarrollo y el buen vivir. La lucha por el derecho a la paz se sintoniza con las apuestas y agendas de los grandes y profundos movimientos por la defensa de la naturaleza ante el cambio climático, la revolución de derechos, igualdad de las mujeres, pueblos étnicos, las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trasn y grupos sociales discriminados históricamente: Se muestra con la prueba de los hechos que la paz es el único camino y que hay que construirlo y cuidarlo contantemente. También se ha constatado qué esta transición al postconflicto no es la terminación automática de los conflictos socioeconómicos, políticos e inclusive que quedan pendientes por tramitar conflictividades que se expresan desde las armas, desde antiguas realidades y nuevas expresiones de violencia que persisten y se reorganizan. La nueva fase de post acuerdo es también el escenario de nuevos conflictos y de retos para superarlos mostrando en la práctica, con la implementación efectiva de los acuerdos, con la comprensión e importancia de sus enfoques de género, étnico, diferencial y territorial, así como con nuevas estrategias hacia la paz completa, qué la paz positiva y la no violencia transformadora convoca a las grandes mayorías. Desde esta perspectiva se abordan los obstáculos en la implementación de los acuerdos.
III. La mayor dificultad para el funcionamiento regular de las instancias del AFP es la falta de decisión política del gobierno para asumir de manera integral los acuerdos, cómo el centro de la estrategia de construcción de paz y como prioridad de las políticas públicas que permitan superar definitivamente la historia de violencias y conflictos armados que han marcado por décadas a la sociedad colombiana.
El gobierno y el partido de gobierno han considerado el AFP como una herencia incomoda o una anomalía para su proyecto de país. En lugar de la integralidad del acuerdo el gobierno se limita a convivir en resistencia con lo que tiene vida propia por mandato constitucional, a apoyar, o simular apoyo, a lo que cabe en las pautas de Desmovilización, Desarme y Reincorporación (DDR) sin resolver problemas críticos de los/as excombatientes en el marco de lo acordado para la implementación y, hacer freno, parálisis y cuentagotas en los temas cruciales de la apertura política, reforma rural, política de drogas y cultivos, así como sus capítulos de género, étnico y garantías de derechos y seguridad para la política y la implementación del AFP.
La incomodidad del gobierno con las instancias participativas con funciones de formulación de políticas, coordinación interinstitucional y definición de planes de acción de obligatorio cumplimiento, lo lleva por un lado a la parálisis o a realizar solo reuniones ocasionales informativas y/o a crear organismos paralelos sin presencia de los delegados civiles. Desde el partido de gobierno se ejerce una oposición abierta al funcionamiento con garantías plenas de las instancias decisorias con presencia de delegados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como la CSIVI, y a otras con comisionados de organizaciones sociales y de derechos humanos, como la CNGS, la Alta Instancia de Garantías para la Política y las de la  reforma rural integral y PNIS. Desde esas posturas los opositores al AFP presionan renegociar cada paso e intentan introducir reformas legales a todos los puntos aprobados.
IV. El no funcionamiento y/o debilitamiento de las instancias que lidera el gobierno va de la mano con la no implementación de asuntos cruciales de los acuerdos: se ha congelado la producción legislativa y de otras normas de regulación del AFP en temas como las Circunscripciones Especiales de Paz, reforma política y ampliación de la democracia participativa. El fondo de tierras que debería llegar a 1 millón de hectáreas, en la actual administración no ha realizado su tarea de permitir el acceso efectivo, material, y con enfoque género, étnico y diferencial de nuevas tierras y proyectos productivos sostenibles para los campesinos y campesinas y pueblos étnicos. El gobierno ha cambiado la política de sustitución de cultivos de uso ilícito por otra de erradicación forzada como plan militar de ocupación de territorios y en consecuencia se limita a anunciar que cumplirá con las familias que quedaron inscritas en 2018 sin respuesta real en acceso a tierra, proyectos productivos y redefiniciones para planes de inclusión a los centenares de miles de familias que acuden a la legalidad y son dejados en las trampas de la pobreza y el narcotráfico. En materia presupuestal el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 no cumple con lo definido en el Plan Marco de Implementación, ni en el CONPES 3930; además en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso para la vigencia de 2020 se reducen los recursos para proyectos o programas que son esenciales en la implementación del AFP.
V. El avance en funcionamiento de algunas instancias, ofrece lecciones a seguir sobre sus posibilidades que son: la suma de gran fuerza constitucional y legal, decidida iniciativa de participación social, sintonía con la sociedad en su conjunto, con los movimientos sociales y los partidos políticos defensores del AFP, articulación con los niveles territoriales y los derechos de las víctimas, coherencia con los enfoques de género y diferenciales y decisivo acompañamiento de la Comunidad Internacional.
En este plano de posibilidades de mayor cumplimiento de lo pactado, a pesar de limitaciones, hoy se ubican por ejemplo la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Con sejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Instancia Especial de Mujeres. Lo anterior conlleva a que es necesario su fortalecimiento, garantías para funcionamiento y participación vinculante de las instancias.
VI. Ante el anuncio reciente de rearme de algunos ex integrantes de las FARC-EP y las respuestas guerreristas desde algunos sectores opuestos al AFP, las integrantes civiles de las Instancias han reafirmado su compromiso y convicción de que la ruta más efectiva hacia la consolidación de la democracia y justicia social es la implementación integral del Acuerdo del Paz que debe constituirse como el camino único hacia la construcción de la paz, enviando un mensaje claro a quiénes intenten mantener la violencia y la confrontación bélica como respuesta.
VII. La continuidad, y en muchas regiones el agravamiento, de agresiones, - incluidas amenazas, estigmatización, criminalización, asesinatos, y desplazamiento forzado - exige acciones extraordinarias enmarcadas en la construcción de paz, bienestar y democracia que tengan la fuerza suficiente para aislar y desestructurar a los promotores de la guerra y a los detractores y disidentes de los acuerdos de paz. Ya son más de 500 los lideres/as y defensores/as de derechos humanos asesinados/as desde la firma del AFP y el asesinato de reincorporados de las FARC llega a 150 según la Fiscalía General de la Nación.
Es urgente que ante los problemas y retos de la situación actual, ante la persistencia de agresiones violentas contra la población civil, el gobierno y las demás instituciones del Estado asuman de buena fe la implementación integral del AFP como la mejor estrategia de respuesta urgente. Respuesta que debe incluir el rechazo a la estigmatización y a los discursos del odio, la promoción de una cultura política de paz, el desmonte efectivo del complejo paramilitar y de las tentativas de hacer trizas los acuerdos y sacarlos de la constitución.
VIII. RECOMENDACIONES
Ante este panorama, los delegados y delegadas de la sociedad civil a las instancias derivadas del Acuerdo insisten en exigir al Gobierno la implementación de lo pactado, desde una perspectiva comunitaria, y hacen un fraternal llamado al resto de la sociedad, así como a la comunidad internacional, a continuar con el acompañamiento y apoyo a este proceso. Asimismo, invitan a seguir la movilización ciudadana para exigir del Estado que haga de lo pactado una realidad en los territorios, y que la violencia no sea nunca más vista como un camino.
Bajo esta visión, se elevan las siguientes recomendaciones:
1. Que se continúe con el acompañamiento y el apoyo al proceso de paz y sus instancias; y con un respaldo decidido a quiénes se comprometen en lo local con su implementación. Hasta el momento, las instancias de acompañamiento, verificación y seguimiento han cumplido un papel crucial. Este apoyo se expresa, principalmente, en dos sentidos: en continuar con la estrategia de exigibilidad frente al Estado para que cumpla lo acordado, y en el apoyo a iniciativas de “implementación comunitaria” que complementan este esfuerzo de paz.
2. La implementación del Acuerdo requiere de una narrativa estatal a favor de la materialización del Acuerdo de Paz, acciones y definición presupuestal clara, y el claro reconocimiento de sus enfoques étnico, de género, territorial y diferencial . La voluntad política referida al Acuerdo no puede continuar siendo ambigua y se necesita, por el contrario, que sea el reflejo de un compromiso serio y de buena fe que implique la asunción de un liderazgo del Gobierno Nacional expresado en un conjunto articulado de decisiones que garanticen el efectivo avance de lo acordado cumpliendo el marco normativo del acuerdo, generando las condiciones para el funcionamiento de las instancias.
3. Se requiere de la reactivación y/o fortalecimiento de las distintas instancias con planes de acción y recursos para el efectivo cumplimiento de sus mandatos en la implementación del Acuerdo. Entre ellas las que tienen representación de sociedad civil como: La Csivi, el Consejo Nacional de Reincorporación y otras con delegados de la FARC, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad -CNGS – Instancia Especial de Mujeres para contribuir a garantizar la implementación del enfoque de género en el Acuerdo - Instancia Especial de Alto Nivel de los pueblos Étnicos – IEANPE- Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia - Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales – PDETs – PNIS – CIPRAT. Así mismo se deben fortalecer las instancias de verificación y seguimiento que cuentan con el apoyo internacional.
4. Es necesario qué desde el Estado se respete el espíritu y a la integralidad del Acuerdo de Paz. Para ello debe recordarse que este está construido sobre una serie de principios, enfoques y objetivos fundamentales que no pueden ser desconocidos bien sea por modificaciones a nivel normativo o por la desnaturalización de los mecanismos en su desarrollo práctico. Así, la implementación de lo acordado debe hacerse desde una concepción integral y de buena fe, que asegure su materialización según el espíritu con el que fue concebido. Esto se debe traducir en la asignación efectiva, adecuada y oportuna de los recursos en los planes de inversión y gasto.
5. El liderazgo nacional para el cumplimiento del Acuerdo debe construir estrategias a nivel territorial que garanticen la implementación en lo local mediante el compromiso de las distintas administraciones públicas que se expresen en una mayor y mejor articulación en los distintos campos de acción.
6. Es imperativo que a la CSIVI le sea reconocido el papel central que desempeña en todo el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz y que en consecuencia se le otorgue la preponderancia que posee, en términos del Acuerdo, para la materialización del Plan Marco de Implementación y en general de todos los campos de acción derivados de lo acordado. Así mismo se requiere el adecuado funcionamiento del CNR garantizando lo concertado para el proceso de reincorporación económica y social de las/os ex integrantes de FARC –EP y los ETCR a nivel territorial.
7. Se requiere prioritariamente la implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades. En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. A su vez, que se genere una metodología para que el funcionamiento de la CIPRAT permita la construcción de estrategias para reducir los riesgos evidenciados en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Igualmente, que se dé la puesta en marcha efectiva e integral del Decreto 660 de 2018 asignando a sus componentes el presupuesto necesario y las condiciones adecuadas para su funcionamiento que evidencien un liderazgo del Gobierno Nacional en el tema de garantías a personas defensoras de derechos humanos u líderes sociales.
8. Teniendo en cuenta el aumento reciente de las agresiones diferenciadas a las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, debe cumplirse el Decreto 1314 de 2016 por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos y se implemente el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
9. Fortalecimiento de las medidas de género y de derechos de las mujeres en materia de reincorporación y garantías para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la oposición, a fin de asegurar mayores niveles de sostenibilidad en dichos procesos. De igual manera, cumplir con la implementación de todas las medidas de género del Acuerdo de Paz con metas de calidad, que realmente permitan avanzar en igualdad real en cada uno de los puntos del acuerdo.
10 .La implementación del Acuerdo de Paz se debe cumplir en los términos establecidos en el mismo sin destruir su integralidad y en particular, fortalecer el Sistema Integral de VJRNoR para que desde un enfoque de género permita avanzar en el goce efectivo de los derechos de las mujeres en toda su diversidad, en particular de las víctimas, incluyendo las de violencia sexual.
11. El gobierno Colombiano debe dar pleno cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad como el mejor de los aportes a la paz en Colombia.
12. El Gobierno Nacional debe brindar garantías para la implementación y ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, garantizando qué en los territorios objeto del Programa no se realice erradicación forzada y se asegure el cumplimiento de los compromisos suscritos con las comunidades y ampliar los programas de sustitución voluntaria. Se llama así, a una voluntad para el cumplimiento de buena fe de los Acuerdos en el tema de Política de Drogas y Cultivos de Uso Ilícito.
13. Los PDET deben ser las hojas de ruta de los programas de desarrollo social en los territorios. Para ello se necesita que se otorgue el presupuesto y se brinden las garantías necesarias para la ejecución de los Programas en los términos del Acuerdo Final de Paz asegurando que las mismas se articulen y se prioricen con los demás planes de desarrollo.
14. El Gobierno Nacional debe realizar las gestiones necesarias incluso a nivel internacional para la realización efectiva del desminado humanitario que implique la participación de HUMANICEMOS DH para llevar a cabo su misión.
15. Dinamizar y articular el Componente Internacional de Verificación (CIV) de la CSIVI como mecanismo que propenda por el mejoramiento continuo de la implementación del acuerdo. Lo anterior incluye: la renovación del mandato de los Notables, la secretaria técnica de Cinep y Cerac, así como el apoyo técnico del Instituto Kroc. Refrendar el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.Renovar y fortalecer el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Propiciar la plena articulación de las actividades de los componentes temáticos de acompañamiento internacional, mediante una instancia de integración de los mismos según criterios de CSIVI, según lo pactado en el AFP. Los informes del CIV deberán integrar los balances producidos por las demás instancias de implementación.
16. Proponemos que al cumplirse los 3 años de la firma del Acuerdo Final de Paz se realice un acto solemne con presencia de todas las instancias de implementación de dicho Acuerdo en el cual se presente al país y a la comunidad internacional el balance de lo realizado, las políticas públicas y planes diseñados y las actividades y metas a cumplir en el año 2020 para dar un salto adelante en el cumplimiento de lo pactado. En este acto a realizarse el 27 de noviembre de 2019 deberá invitarse al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a los gobiernos y representaciones diplomáticas que se han comprometido con la paz de Colombia con su acompañamiento en este periodo.
#AsiVaLaPaz
Realizado por los y las representantes de la sociedad civil y componentes no estatales a las siguientes instancias derivadas del Acuerdo Final de Paz: Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), Instancia Especial de Mujeres para contribuir a garantizar la implementación del enfoque de género en el Acuerdo, Instancia Especial de Alto Nivel de los pueblos Étnicos (IEANPE), Sociedad Civil del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Componente FARC de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, Componente FARC de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), Componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación, Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales, Comité Técnico de los componentes de  promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia, y de Apoyo a la Actividad de Denuncia, Grupos motores de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Componente FARC de la Junta de Direccionamiento Estratégico del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Consejo Permanente de Dirección del PNIS y Componente FARC del Comité conjunto de comunicaciones del punto 6.5. Organizaciones reconocidas de apoyo a la implementación del Acuerdo Final de Paz: Federación Democrática Internacional de Mujeres (FEDIM) y Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE).

CENPAZ

LAS VOCES DE PAZ SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES EN COLOMBIA

Comunicado Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ – Integrante Instancia Especial de Pueblos Étnicos para la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto armado. 31 de agosto de 2019
El anuncio de líderes de las FARC en la negociación de retomar a las armas se veía venir y se advertía con los incumplimientos del Estado colombiano con la implementación al acuerdo de la Habana. Las respuestas del Uribismo, a quien más fortalece el escenario de guerra, haciendo un llamado a dar por terminado los acuerdos, quieren detener la rueda de la historia y de una Colombia que se moviliza por la paz. Sin embargo recordamos que lo acordado no es solo fruto de los ejércitos en confrontación, sino contó con la participaron activa de las víctimas, de empresarios, el campesinado, académicos, expertos nacionales e internationals y los pueblos étnicos de Colombia.
Quienes hacemos seguimiento al proceso, hemos evidenciado que la mayoría de los excombatientes están cumpliéndole a Colombia y siguen comprometidos con el acuerdo. Sin embargo las alertas de más de 150 exguerrilleros asesinados desde la firma, de más de 700 vidas de líderes(as) sociales, ambientales y defensoras(es) de derechos humanos cegadas, de la inestabilidad jurídica y los ataques al sistema de justicia, verdad y garantías de no repetición, no fueron tomadas en cuenta a plenitud por el Gobierno de Santos y Duque y crean condiciones adversas al sueño de paz que tenemos los y las Colombianos-as.
En medio de un escenario donde pareciera estamos a la puerta de nuevo conflicto armado, nos preocupa el anuncio que la solución es coger de nuevo las armas, por tal razón exigimos al Gobierno nacional que cumpla con lo acordado como garantía mínima para el proceso de construcción de paz en Colombia. Le proponemos al gobierno Duque que convoque de manera urgente una gran Cumbre de Paz, donde se avance con propuestas para resolver esta situación, partiendo de una discusión de altura sobre el estado de la implementación de los acuerdos firmados en la Habana. La comunidad internacional y los garantes del proceso se han pronunciado en la misma línea. No podemos perder la oportunidad histórica.
Está en manos del Gobierno nacional que los inconformes con la implementación del acuerdo firmado con las FARC y la mesa con el ELN, entiendan el costo que hemos pagado en los territorios las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en los últimos 50 años de guerra y que hay una sociedad activa que la rechaza. El único camino para salir del horror de la confrontación armada donde los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos hemos resistido, es la implementación de lo acordado como un mínimo para el proceso de reconciliación y de construcción de paz! A la guerra nunca más!


Mapiripán, Meta, Agosto 24 de 2019

Comunicado Público:
“Con amenazas de desalojo forzado e intimidaciones de judicializaciones a los voceros, terminó reunión entre instituciones de gobierno  y los voceros  d las familias que lideran la Acción de Dignificación  NO Violenta de Asentamiento Humano en Mapiripán, Meta”
 ALCALDIA DE MAPIRIPAN – MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA REVICTIMIZA A INDIGENAS, CAMPESINAS Y AFROCOLOMBIANOS QUE EN ACCIÓN NO VIOLENTA LIDERAN ASENTAMIENTO HUMANO, AFIRMANDO SU DERECHO A LA VIDA Y A UNA VIVIENDA DIGNA.
Desde el pasado viernes 16 de agosto, hace 7 días, 302 familias, más de 1.000 personas entre CAMPESINOS MESTIZOS, INDÍGENAS JIW, SIKUANI, y AFROCOLOMBIANOS víctimas del conflicto armado en Colombia, adelantan mediante una acción no violenta de dignificación de asentamiento humano, la presencia pacífica en un terreno denominado “Manga Coleo y COLEGIO Bachillerato” área que no cumple ninguna función social ni productiva en el Municipio de Mapiripan, Departamento del Meta, para adelantar en este lugar un asentamiento humano que les permita ser beneficiarios de una vivienda digna.
Sin embargo, pese al carácter de presencia pacífica y de acción no violenta, cuando habían transcurrido más de 48 horas, el alcalde de este Municipio, sin agotar proceso de diálogo y concertación con los líderes y lideresas de esta acción, ordenó a través de la policía del Esmad y policía de civil, usar la fuerza para obligar a las familias a retirarse del lugar. De esta acción desproporcionada de la fuerza resultaron afectados en su salud, niños, mujeres y adultos mayores por el uso de gas lacrimógeno, lo mismo que los bienes (plásticos, banderas, colchones, carpas), que las familias ubicaron en el lugar. Preocupa que el Esmad y la policía de civil realizaran esta acción sin presentar orden de desalojo.
Buscando respuesta de las autoridades competentes, las familias víctimas, conformaron un comité de concertación y se han realizado varias reuniones con participación del personero municipal, el alcalde, la coordinadora local de víctimas, secretaría social y el inspector de policía, sin embargo, a la fecha, aunque el gobierno local avanza en el proceso de caracterización de las familias, insiste en sacarlos del lugar, usando la fuerza del Esmad.
Hoy viernes 23 de agosto, desde las 3 pm, nuevamente irrumpe el Esmad, arroja gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y la policía detiene a 4 personas de las que participan en la acción no violenta. Hay mucho temor por lo que pueda ocurrir con la vida e integridad física de las personas que adelantan la acción no violenta.
Alertamos sobre el señalamiento por parte del personero municipal Pablo Sacristán al lider social y defensor de derechos humanos de nuestra Red Conpaz, Willian Aljure, como promotor de la acción, cuando la función del líder y directivo de nuestra red ha sido la de garante del cumplimiento de los derechos humanos.
Las 302 familias asentadas de manera pacífica en este lugar, mediante el presente comunicado, solicitamos:
Al Ministerio Público, Defensoría de Pueblo y Procuraduría hacer presencia en Mapiripan, apoyar el pliego de exigencias y velar por la garantía de sus derechos.
A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las 302 familias víctimas presentes en esta acción no violenta y solicitar al gobierno Nacional, Departamental y Municipal, resolver sus derechos integrales y diferenciales como víctimas.
Al gobierno Nacional, Departamental y Municipal, tomar las medidas necesarias de protección, para que esta acción no violenta, por el restablecimiento y goce efectivo de sus derechos a una vivienda digna, no se convierta en pretexto de estigmatización, amenazas o daños a la vida e integridad física de los participantes o de quienes asumen el rol de garante de sus derechos, como el caso de Willian Aljure.
COMUNIDADES CONSTRUYENDO PAZ EN LOS TERRITORIOS, CONPAZ

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