abril 2018
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Como integrantes de la Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ, conocimos a JESÚS SANTRICH, en las discusiones de los Diálogos de Paz en la Habana Cuba y reconocimos en él, un comprometido negociador en el propósito de apoyar también la necesidad urgente de incluir el enfoque de pueblos étnicos en el Acuerdo. Propósito que se materializo con la inclusión del Capítulo Étnico el último día de la firma del acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese mismo empeño lo demostró para que se incluyera la transversalización del  enfoque étnico en el texto final del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz, PMI, a finales de 2017.

El lunes 11 de abril, por órdenes del gobierno norteamericano y ejecutada de forma presurosa por el Fiscal General de la Nación, fue capturado en su residencia JESUS SANTRICH, ex comandante de las FARC y miembro actual del Consejo Político Nacional, quien además es uno de los designados por el nuevo partido político surgido de la implementación de los acuerdos, para ocupar una de las cúreles en la Cámara de representantes.  

Este hecho pone en grave peligro la consolidación de la salida negociada a la confrontación armada pactada entre las FARC y el Gobierno Nacional, y llena de incertidumbre el propósito de la Paz completa, ya que subsista desconfianza en la base de las FARC, integrada tanto por ex combatientes como por ciudadanos del común. También violenta la soberanía nacional en tanto no respetó el debido proceso, y mostró una vez más la sumisión del Gobierno Nacional a la política de injerencia norteamericana,  obviando  los protocolos que se deben aplicar en este caso, como tramitar inicialmente ante el Ministerio de relaciones exteriores cualquier solicitud que involucre un ciudadano colombiano; además de obviar también el Sistema Integral de Justicia, Reparación y no Repetición, creado precisamente para tramitar estos escenarios a través de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

La captura de JESUS SANTRICH se puede leer además, como una cortina de humo que tapa los graves casos de corrupción que se habían hecho públicos con relación de los recursos del Fondo de Paz que opera el Gobierno Colombiano, aportados por la cooperación internacional para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que justo ese mismo día causo el despido de la Directora del Fondo.

Por todo lo anterior las organizaciones de comunidades étnicas que conformamos CENPAZ en todo el país, RECHAZAMOS la perfidia de la elite gubernamental que sigue insistiendo en sumir a Colombia en odios, y EXIGIMOS que se respete el Acuerdo Final de Paz y el debido proceso, también EXIGIMOS la puesta a disposición de la JEP, de JESÚS SANTRICH para que sea esta obre según lo acordado.

Manifestamos que desde la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IEANPE, de la que hacemos parte, haremos seguimiento a la implementación de los Acuerdos según el espíritu del Capítulo étnico y seguiremos denunciando y exigiendo justicia por el asesinato de nuestros líderes y lideresas sociales, porque la paz no nos puede seguir costando la libertad y la vida.

#SantrichLibre

Bakata / Bogotá, 9 de abril de 2018

Las Organizaciones que convergemos en la Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ, que hacemos parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IEANPE, establecida en el punto 6.2 del Acuerdo de Paz, DENUNCIAMOS ante la comunidad nacional e internacional las graves afectaciones que como Pueblos Étnicos nos traerá la aprobación de los Proyectos de Ley radicados por el Gobierno Colombiano en días pasados ante el Congreso de la Republica.

1. VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA CONSULTA PREVIA.  Los Pueblos Étnicos tienen los espacios oficialmente instituidos para surtir este proceso: La Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas, El Espacio Especial de Consulta Previa con el Pueblo Negro, Afro, Raizal y Palenquero y el Espacio Especial con el Pueblo Gitano, sin embargo, ambos proyectos de Ley se radicaron ante el Congreso de la Republica sin pasar anticipadamente por estos espacios. Cabe anotar que la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos tampoco ha tenido la oportunidad de asesorar a la CSIVI en los dos proyectos radicados.

“Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales.
Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación.
En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos”.

2. Proyecto de Ley por medio del cual se autoriza la adjudicación o el uso de baldíos en reservas protectoras – productoras y de reservas de la ley 2 de 1959, sin sustracción y se dictan otras disposiciones. En las seis (6) zonas de Reserva Forestal que trata la Ley 2 de 1959, habitamos los Pueblos Étnicos con serias dificultades para la seguridad jurídica de la propiedad en forma de Resguardos y Territorios Colectivos de Comunidades Negras, falta de claridad sobre linderos de los territorios colectivos legalizados y procesos de retorno y reubicación que no se han adelantados. La implementación de esta norma despojaría de la tierra a los dueños originarios del territorio y propiciaría la legalización de la acumulación fraudulenta de grandes extensiones de tierra a los empresarios de monocultivos y entregaría nuestros territorios a las empresas minero energéticas en zonas tan frágiles como la Selva Amazónica, región de la cual el gobierno saco a través de actos administrativos a los departamentos de Putumayo y Caquetá para evitarse las sanciones internacionales sobre calentamiento global, declarándolos distritos minero especial y región del piedemonte andino, entregando todo este vasto territorio a las empresas mineras y petroleras en concesiones.

3. Proyecto de Ley Por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. A pesar que en el Capítulo Étnico se salvaguarda el uso ancestral de la planta sagrada de coca, el Decreto Ley sobre PNIS no fue consultado con los Pueblos Indígenas, ni incluye lo establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Teniendo en cuenta la exclusión a que hemos sido sometidos tanto por el Gobierno Nacional como por la Corte Constitucional, en algunos territorios colectivos de los Pueblos Etnicos se judicializara a aquellos que han tenido que recurrir a la siembra de cultivos de uso ilícito para sobrevivir a las condiciones de miseria a que hemos sido condenados.

Por todo lo anterior:

1. Nos solidarizamos con los campesinos de Colombia que van a ser judicializados por intentar sobrevivir a la miseria, recurriendo a los cultivos de uso ilícito, los cuales también serán despojados a través de la extinción de dominio y terminarán en las cárceles, solo por intentar resolver la comida de sus familias.
2. Denunciamos la Violación Sistemática del derecho fundamental de la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado y por lo tanto, de la ausencia del enfoque étnico y de mujer, familia y generación en los proyectos de ley presentados.
3. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y al Estado Colombiano en su conjunto por incumplir con la Implementación Idónea del Acuerdo de Paz, para legalizar el despojo y criminalizar a quienes hemos padecido directamente las consecuencias de la guerra, que no tenemos tratamiento de Victimas sino de Victimarios.
4. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y al Estado Colombiano en su conjunto por no dar cumplimiento a los Autos 004, 005 y 006 del 2009, donde la Corte Constitucional advierte que los Pueblos Etnicos nos encontramos en riesgo de exterminio físico y cultural y obliga a la protección especial de los Pueblos Etnicos.

#NoHayPazSinPueblosÉtnicos

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