2018
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En reciente gira por Estados Unidos, Hector Marino Carabali Charrupi vocero de CONAFRO y CENPAZ expuso la situación que están viviendo las comunidades y pueblos en Colombia con el devil proceso de implementación del acuerdo de la Habana. Llama la atencion sobre la dramatica situación del asesinato de líderes sociales y ambientales en Colombia y reafirma la esperanza de paz para el país y las comunidades de la Colombia profunda.


“Nos están matando y el Gobierno no hace nada”: líder social en la CIDH



Héctor Marino Carabalí, protagonista del documental “Nos están matando”, se reunió esta semana con la organización de derechos humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para exponer por qué están matando a los líderes sociales en Colombia. ¿Qué le dijeron?

Redacción EL Espectador Colombia2020

Héctor Marino Carabalí, líder social del norte del Cauca, durante su visita a los Estados Unidos./Tom Laffay.


Mientras Iván Duque y Donald Trump, presidentes de Colombia y Estados Unidos respectivamente, se reunían en la sede principal de las Naciones Unidas en Washington, en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaba el líder social Héctor Marino Carabalí. Viajó desde el norte del Cauca para contarle a los delegados del organismo multilateral por qué están matando a los defensores de derechos humanos en Colombia. Esta última noticia pasó de agache ante la pomposa visita presidencial, pero dejó un mensaje claro: “el mundo debe saber que nos están matando y el Gobierno no hace nada”, expresó Carabalí.

Carabalí vive en Colombia, pero desde finales de julio pasado salió de su territorio, ubicado en zona rural de Buenos Aires (Cauca). Esto tras la muerte de su amigo y compañero Ibes Trujillo Contreras, quien fue secuestrado y luego asesinado. Cinco días después, el 21 de julio de 2018, Héctor Marino Carabalí recibió una amenaza de las supuestas “Águilas Negras”, una organización que fue desmantelada después de la desmovilización de los paramilitares según la inteligencia estatal. 

Sin saber cuándo regresará a su territorio, Carabalí viajó invitado por varios congresistas de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos a presentar el documental “Nos están matando”, un relato de lo que viven los líderes sociales después del acuerdo de paz, producido por Tom Laffay, Emily Wright y Daniel Bustos. En la pieza, Carabalí es protagonista junto al senador indígena Feliciano Valencia. 

En esta entrevista, desde Nueva York, donde terminará este viernes su gira con la presentación del documental, Carabalí contó qué dijo en la CIDH, qué habló con el representante demócrata, Jim McGovern, y cuál es el mensaje que trae para los defensores de derechos humanos en Colombia, quienes en estos días insistirán en una reunión urgente con el presidente Duque para que proteja su derecho a la vida. 




Héctor Marino Carabalí habla con un grupo de estadounidenses interesados en apoyar la paz de Colombia. Lugar: Busboys & Poets. Noche del 26 de Septiembre en Washington DC. Foto/ Daniel Bustos.

¿Cuál fue el objetivo de su visita a los Estados Unidos paralela a la del presidente Iván Duque? 

El objetivo era hacer incidencia en el alto gobierno de los Estados Unidos para que se ponga atención sobre el homicidio de líderes sociales en Colombia y para que apoyen la implementación del acuerdo de paz. Lo primero es causal de lo segundo, porque por defender la consolidación de la paz nos están matando. Tuve varias reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, con senadores y con diferentes plataformas de derechos humanos de los Estados Unidos.

¿Cómo fue la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Con los funcionarios de la CIDH se revisaron algunos casos de líderes asesinados y los cuales hacen parte del acervo probatorio que tiene ese organismo para hacer los próximos informes de derechos humanos sobre Colombia. Ellos están sumamente preocupados, porque a pesar de las recomendaciones que han hecho al gobierno colombiano, los asesinatos y las amenazas contra los líderes sociales continúan. Además, hay una preocupación por el papel que debe cumplir la Fiscalía y que no quiere hacer bien.

¿Cuál fue la principal preocupación que le expresó a la CIDH?

Hay una alerta generalizada en los territorios y esta tiene que ver con las iniciativas de ley que está presentando el gobierno de Duque en el Congreso y las cuales se contradicen con los acuerdos de paz. Por ejemplo, la modificación a la ley de víctimas y restitución de tierras, y el proyecto de ley que pretende criminalizar a los pequeños cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola. Igualmente, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la protesta social y la violencia que puede desatarse ante las protestas en los territorios por la activación de las fumigaciones con glifosato. 

¿Cuáles son las principales conclusiones de sus encuentros con el Departamento de Estado y la CIDH?

Recomendaron solicitar al Gobierno unas mesas de diálogo directas con las diferentes plataformas de derechos humanos del país. Este Gobierno necesita reunirse, por ejemplo, con la mesa de garantías que es la interlocutora de los líderes sociales en cada una de las regiones. Igualmente, vamos a hacer acercamientos con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. De ese lado, las organizaciones y personalidades harán lo propio frente al homicidio de líderes sociales y la implementación del acuerdo de paz. Es que la paz de Colombia también es la de los Estados Unidos, dicen muchos ciudadanos de este país.

¿Qué decirle al Gobierno de Iván Duque tras su visita a los Estados Unidos?

Que cumpla con su palabra. La semana pasada el presidente Duque estuvo en Nueva York y retomó las palabras de Nelson Mandela para decir que Mandela era un hombre de paz que dio todo de sí para que hubiera cambios sociales en Suráfrica. No obstante, el discurso de Duque es contradictorio con lo que ocurre en Colombia: vía Congreso nos quieren quitar la autonomía de los territorios donde sobrevivimos y por reclamar nos matan. Invitó al presidente a darle continuidad a la implementación de los acuerdos, que es base fundamental de la construcción de una paz estable y duradera.

¿Por qué quieren asesinarlo?

Los líderes sociales que luchamos por la paz con justicia social y por la defensa del territorio nos convertimos en obstáculo de aquellos que han vivido históricamente de la guerra y que no quieren que los acuerdos de paz se implementen. O sea, el delito que cometemos los líderes sociales es defender la vida de todos los colombianos.


El líder social que pide auxilio ante el Congreso de Estados Unidos 

BY JUANITA RAMOS ON 10 OCTUBRE, 2018CRUCE, LATINOAMÉRICA


Desde el 2016 más de 300 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Aunque la cifra -que puede ser mayor- es alarmante, el Gobierno aún no reconoce la práctica sistemática de estos hechos.

La muerte de las personas que se juegan la vida en las zonas rurales de Colombia por la defensa de su territorio no pasa de cifras y noticias, por esto el documental “Nos están matando” lanzado este año, se convierte en una pieza histórica de este drama.

La película dura no más de 20 minutos y en ella se narran las historias de dos líderes que resisten a las amenazas desde los lugares más recónditos del país.

Héctor Marino Carabalí, proveniente del Cauca, es uno de los protagonistas del documental y uno de los líderes sociales más reconocidos en Colombia. Estuvo en Estados Unidos dando un grito de auxilio para que paren los asesinatos.

El Borde habló con él mientras daba una lección de lo que es Colombia en un conversatorio sobre “Nos están matando”, organizado por el Colombian Studies Group en Nueva York. Su llamado es que todos cooperemos para proteger los acuerdos de paz.

¿Cuáles son las conclusiones de este viaje por Washington y Nueva York?

Me parece que es un viaje importante porque fuimos al Congreso de Estados Unidos, hablamos con el Departamento de Estado y también con organizaciones sociales que están haciendo un trabajo muy importante acá en cuanto a denuncias a nivel internacional. Además conversamos con los colombianos sobre la importancia de la unión para hacer veeduría al Gobierno y exigir que se respete el acuerdo de paz.

¿Qué le dijeron en las reuniones en el Congreso y el Departamento de Estado?

Algunos congresistas dijeron que iban a escribir al Gobierno colombiano, a la Embajada de Colombia en Estados Unidos y a la Embajada estadounidense en Colombia. Cartas. Pero decir que van a solucionar, no. Hablaron de estar pendientes de los recursos destinados a la implementación del proceso de paz, y también de un aporte a la Fiscalía para modernizar los sistemas de investigación

¿Existe información sobre este tema en el exterior?

Muy poco porque lo que llega acá es la noticia por parte de los medios de desinformación y hay muy poco contexto. Charlas como esta permiten dar a conocer lo que realmente está pasando.

Héctor junto a los realizadores del documental y los organizadores del conversatorio. Cortesía: Colombian Studies Group

Usted decía que parece una dicotomía pedirle a Estados Unidos ayuda cuando, en ocasiones, este país promueve prácticas que son generadoras de violencia en Colombia

No podemos negar el interés que tienen los Estados Unidos en lo que tiene que ver con los tratados de Libre comercio y otros proyectos trasnacionales, si esto no es bien manejado pues genera guerra también.

¿Cuál es el papel de la empresa privada en estos asesinatos?

Uno dice que de una u otra forma la empresa privada tiene que ver mucho porque estamos hablando de un monopolio por la tierra, de un interés por proyectos de megaminería y quienes estamos ahí somos las comunidades étnicas que luchamos por la vida y la armonía territorial y eso, por supuesto, implica que para que ellos puedan llevar a cabo estos proyectos de mega desarrollo tienen que sacarnos del territorio

¿Cuál es la importancia de este documental?

Nos ha permitido que la gente conozca más a los líderes sociales, corriendo un riesgo también. Todo esto se trata de alertar al gobierno sobre su deber de proteger. Yo tengo un esquema de seguridad pero también hago parte de unas medidas cautelares que fueron determinadas para Marcha patriótica porque soy miembro. Nos eleva el nivel de seguridad pero lo que más nos protege es la exigencia que colombianos hagamos para cumplir los acuerdos de paz.


“In nature's economy the currency is not money, it is life.” 
― Vandana Shiva, Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace


The context of the peace building that started in Colombia in 2016 with the peace agreement between the Colombia Government and FARC (1) opened the discussion about the appropriate kind of “development” that the country needs to make a transition in the territories where the war took place. There are different ways to understand our vision of future and how to create an environment of reconciliation, protect natural and cultural diversity, and create strong economies in the rural and urban areas, which are some of the principal challenges in Colombia. However, all decisions in new investments and public policies requiere enhancing the local communities knowledge regarding the effects of war.

By Jorge Andrés Forero-González* 

What kind of “development” does the country need in building peace?


The question about Integral Rural Reform, the first and fourth points in the peace agreement, retaken a sixty year debate about “development” with specific political, cultural and economics practices(2). Colombia is an especially rural country (3). Cities like Bogotá D.C, with close to ten million people (4) have big rural areas, and in many large, important, and popular neighborhoods, agricultural relationships are common. Expansion of the cities has been impacted by the last few decades of war, with more than 10 million people displaced from the country. These refugees, of course, bring their cultural norms with them to the cities.

The peace agreement describes in Integral Rural Reform the importance of creating new investments to create infrastructure and bring State services to the rural areas, especially in the territories where war has taken place. This new opportunity to build a bridge between the war-torn country and the peaceful country has two strong visions. First, the government is interested in creating situations that attract private sector money to support new investments and new businesses. Second, the agreement describes the importance of making the rural communities and ethnic nations stronger, developing their economies, and making their Lives Plans and vision of future stronger to create a scenario of reconciliation.

This discussion is not new to the history of nations like Colombia; it’s the same throughout Latin America. The colonialist ideas about her future employ the concept of an inferior culture, and political and economic system. Concepts like rich vs poor countries, or developed vs. undeveloped countries determined our vision of past, present, and future. In this concept, our countries, our cultures, and our economies are categorized “inferior” and in permanent comparison with high economic countries, especially west of Europe, North America (not including Mexico), and countries in Asia such as Japan and, more recently, China. The general idea about “development” has a close relationship with the concept of dominant technology and the use of markets to the welfare of some people and the detriment of other people. However, mechanized and monetized economic activities are not superior to many kinds of technologies that many communities or countries around the world use to solve their problems (5) and that have special opportunities to solve big problems like climate warming.

Two visions of “development”

The government of Colombia under Santos (6) understood that the best environment to build legal business in Colombia would be to end the war. For example, the implementation of the peace agreement brings the opportunity to combine public and private investment in more than 170 municipalities (7) where the army conflict took place. These are municipalities that have special economic conditions and natural resources that during the war were impossible to exploit and use for big business. For that, this vision of development is announced with big investment in natural resources extraction such as petroleum, coal or gold, and big agroindustrial activities like the production of african palm and/or soy in large scale in the east of the country. 

In addition, with the recently fiscal reforms and tax reduction, the government of Colombia is sending a message to transnacional private companies to invest in the country (8). This vision of development focuses on large-scale food production, using and imitating models from Brazil, The United States, and the sugar plantations in the south of Colombia, where big agribusiness corporations control the production of food, renting the land and contracting employees that do not have a cultural relationship with the land. In this vision of “development”, the government understands that peace is serving the purpose of the new infrastructure to help to attract more private capital to invest in Colombia. 

In contrast, the communities that are living in the territories that have been more affected by war, understand the vision of the government and the big private sector how the cause of the war. In many of their lands the army conflict was an excuse for displacement, murders, and aggression against human rights. After one sees what happened next, an easy conclusion can be made. After violent displacement, big economic projects, that happen to be government sponsored, came into existence in many of these places (9). Of course the communities and victims of the war also demand new investments and technologies, but in the peacebuilding process, they also say that it is essential to develop and strengthen their Life Plans (10). 

Life Plans are an autonomous process of the communities so they can perform their own regional planning and have their own local government based on the culture and relationships within their territories. There is a special proposal to develop local economies with an emphasis on agriculture, and the protection of sacred places, water, and biodiversity. This vision values local knowledge, and demands the presence of the state within hospitals, schools, universities, and infrastructure for roads and connectivity to develop local economies. 



See for example: Life Plan Proyecto Nasa (Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco) Available in http://www.proyectonasa.org/

Life Plans are connected with global issues such as climate change. For example, agricultural production of local rural communities supply 70% of the food in the world and at the same time are protecting the environment because their farm plots are so small (11). It is easy to understand that in order to survive, the campesinas (agricultural communities), the indigenous nations and the african colombian communities and peoples need to protect their sacred places on lakes and rivers, and in the jungles and mountains, and need to prioritize food production. These type of activities are more far sustainable than mining and the impacts of giant agribusinesses that use pesticides and monoculture (12). 

In comparison, perspectives of countries like Bhutan understand that economic development is recognizing that when people are happy, they are stronger advocates for conserving biodiversity (13). Other examples of this vision of sustainability can be found in the new constitutions of Ecuador (14) and Bolivia (15), that include the right of Mother Earth in a clear message to protect nature, not only to develop business. This new vision helps increase the debate in Colombia to include the protection of the territories, land, culture, and agricultural and ethnic communities .

To see the future, we need to understand the past of the war in Colombia. In the context of two visions of “development”, the new reforms to building peace will be successful if the government of Colombia agrees to strengthen the proposals of the communities while at the same time, creating scenarios of reconciliation. All new investment plans need the true participation and support of the local communities, in addition to making use of and respecting their knowledge and their life plans. This principle, which is written in the peace agreement, has not been applied with the consent of the communities during the first year of implementation, and at the same time, the government has been developing new legislation to strengthen private investment like the ZIDRES (16). The new government of Colombia under Duque should comply with the social demand for peace in Colombia and support the global agenda for giving economic alternatives to the communities in which the war took place.  

The challenge about what kind of “development” and investment the country needs in the peace building process of negotiation and agreement between the government of Colombia and the communities, is a big national dialogue about the economic future in the country. Is its’ vision to deepen natural resources extraction activities and agricultural business giants, or begin to rebuild local economies and protect human, cultural, and natural biodiversity? It is clear that new investment for peace in the territories where the war took place are priorities for reconciliation, and won’t succeed in economic business without the real and concerted participation of the communities. 

Finally, it is important to understand that the war in Colombia didn’t end human rights aggressions: these numbers are still astonishing. Since 2016, almost five hundred social leader have been killed. Overcoming more than 60 years of war is a big process (17). The good news is that with social justice, peace is possible, and the communities in times of war are making alternatives in their territories (18). We can use advanced technology from around the world in Colombia, and overcome our challenges with the help of the international community. Colombia ia a beautiful country, fifty million strong that want a second opportunity on the earth.(19)

“There is no 'way to peace,' there is only peace.” -Ghandi

* Jorge Andrés Forero-González is from Colombia and studied economics and political science at the National University of Colombia and the University of the Andes. He is working with Indigenous Peoples, the Afro-Colombian community in CENPAZ, and Campesinas agricultural communities in establishing processes for implementing the peace agreement. Currently, he is a Fulbright Scholar in the United States as part of the Hubert H. Humphrey Fellowship Program; 2018 – 2019.

** Editing by Miranda Mosis, MaEd., public teacher and specialist in education. Special Thanks.

NOTES:

  1. The Agreement have 6 Points/Items: 1. Integral Rural Reform 2. Political Participation. 3.End of the War. 4. Solution to the Drug Problem 5. System of Truth, Justice Especially for Peace, Reparation and Guarantees of No Repetition and 6. Verification and Implementation. It Was signed in November of 2016 to the Government of Colombia and FARC Revolutionary Armed Forces of Colombia. Today with the agreement FARC is a Political Party. See: Final Agreement to end the armed conflict and build a stable and lasting Peace. Available in: http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf
  2. See: The Invention of Development, Arturo Escobar. Available in: https://commons.wvc.edu/jminharo/pols101/Articles%20to%20Choose%20From/The%20Invention%20of%20Development.pdf
  3. See Inform of United Nations, Colombia Razones para la Esperanza in which it is presented that more that 32% of the population in Colombia is Rural. However, it may be possible to extend the concept of rurality to the cities of Colombia, creating a permanent relationship between the urban areas and the surrounding countryside. See: Colombia Razones para la Esperanza Available in http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-ic_indh2011-parte1-2011.pdf
  4. 10 millions includes Bogota add other big cities and municipalities like Soacha, Chia o Zipaquira that are neighbors in a big metropolitan area. 
  5. In words of Harry Truman President of USA in 1949, the technology and the development will be the heroes to save the poor and miserable people around the world : “I believe that we should make available to peace-loving peoples the benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their aspirations for a better life. And, in cooperation with other nations, we should foster capital investment in areas needing development”. See: Truman's Inaugural Address, January 20, 1949. Available in: https://trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm
  6. Juan Manuel Santos was the president of Colombia between 2010 to 2018.
  7. The agreement includes special investments in new regional vision of the development around of the Plans of Development with Territory Focus - PDET. See: Final Agreement to end the armed conflict and build a stable and lasting Peace. Available in: http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf
  8. See: La reforma tributaria de Santos profundiza la desigualdad. Availavble in: https://jorgerobledo.com/la-reforma-tributaria-de-santos-profundiza-la-desigualdad/
  9. Some examples of the link of violence and big business are the projects that Hidroituango, see: Colombians who once fled war now forced to run from catastrophic flooding. Available in: https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/colombia-river-cauca-breach-flooding-farc Other examples is relative to the Bussinnes of Oil Palm and the dissaplecement of the Communities. See: Under the Oil Palm Trees. Available in: https://pbicolombia.org/2018/05/10/under-the-oil-palm-trees/
  10. The rural communities has many differents kinds of Live Plans accord their culture and traditions and the relationship with their territories. There are for example, Plans of life and Plans of Salvaguard of the Indigenous Peoples, Ethnic Development Black Communities Plans or Sustainable Development Plans of the Reserve Campesinas Zones. 
  11. See: Hungry for land: small farmers feed the world with less than a quarter of all farmland. Available in: https://www.grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland
  12. See: Climate Justice and Agroecology in Southern and Eastern Africa: launch of advocacy strategies. Available in: https://viacampesina.org/en/climate-justice-and-agroecology-in-southern-and-eastern-africa-launch-of-advocacy-strategies/
  13. See: Tshering Tobgay: This country isn't just carbon neutral - TED Talks. Available in: https://www.ted.com/talks/tshering_tobgay_this_country_isn_t_just_carbon_neutral_it_s_carbon_negative
  14. See: Ecuador adopts rights of nature in Constitution. Available in: http://therightsofnature.org/ecuador-rights/
  15. See: Bolivia enshrines natural world's rights with equal status for Mother Earth. Available in: https://www.theguardian.com/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights
  16. One of the strategies with more propaganda for the government of Colombia are the Zones of Interest for Economic and Social Development in Rural Areas (ZIDRES). Recently was regulated (CONPES 3917) but have a special tradition in the link between private business, displacements of the communities and violence. See: Hope for ‘The Future’ in Colombia. Available in: https://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2016/12/hope-for-the-future-in-colombia/
  17. See: Risks in the Peace Building Process in Colombia and Challenges to the new Government. Available in: http://www.conpicolombia.org/2018/07/risks-in-peace-building-process-in.html
  18. See: How to return to the land after sixty years of war in Colombia?. Available in: http://www.conpicolombia.org/2018/09/how-to-return-to-land-after-sixty-years.html
  19. See: The Solitude of America Latina, Gabriel Garcia Marquez 1982. Available in: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1982/marquez/lecture/










“Las organizaciones, parlamentarios y movimientos sociales abajo firmantes respaldamos el trabajo encabezado por la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia, con el apoyo persistente de la Vía Campesina, el Consejo Internacional de Tratados Indios y el Foro Mundial de Pescadores, al igual que la Iniciativa Legislativa para Reconocer al Campesinado como Sujeto de Derechos, por lo tanto, nos comprometemos a generar los espacios de diálogo sobre la declaración y la iniciativa legislativa para su discusión e implementación en el país”.





16 de septiembre de 2018.


Señores y señoras:


Secretariado del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales






Reciban un saludo campesino desde Colombia.


Las distintas organizaciones sociales, campesinas y defensoras de derechos humanos; así como congresistas de la República que firmamos esta carta, reconocemos como histórica esta sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que se adoptará el documento final de la Declaración y abrirá la puerta al reconocimiento oficial de derechos de Campesinos y Campesinas en todo el mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así mismo, queremos felicitar a los países, organizaciones y personas que han contribuido con la elaboración de este proyecto de declaración, algo que sin duda dará un nuevo impulso a las organizaciones, comunidades y familias que todavía continúan luchando por sus derechos.


Estamos seguros y seguras que el reconocimiento del campesinado, así como sus derechos territoriales e identidad son fundamentales para garantizar la seguridad, soberanía y autonomías alimentarias, la preservación de la agrodiversidad, el cuidado y sostenimiento del ambiente, del tejido social y comunitario, de la economía para la vida, entre muchos otros aspectos políticos, sociales, culturales y ambientales. Este es un gran paso hacia políticas públicas que reconozcan no solamente las necesidades del campesinado sino también sus contribuciones al bienestar y calidad de vida de las sociedades que alimenta, que permitan la permanencia de esta población en sus sitios de vida en condiciones justas y dignas.


Sin duda, la Declaración puede ser un paso significativo en el reconocimiento del campesinado y sus contribuciones tangibles e intangibles a la humanidad, ratificando lo que familias, mujeres, jóvenes, comunidades y organizaciones han venido realizando desde hace mucho tiempo con muy poco apoyo, aún en situaciones fuertemente adversas. Por esto, nos alegra que este proceso no esté distante a las realidades que afrontan cada día familias y comunidades campesinas en sus territorios, en la lucha por el buen vivir y la permanencia en los territorios.


En Colombia, campesinos y campesinas no son aún reconocidas constitucionalmente, y la identidad de millones de personas se encuentra invisibilizada bajo el concepto de “trabajador agrario”. Es por ello que en tiempos en los que campesinos y campesinas continúan luchando por ser reconocidos y reconocidas como sujetos políticos de derechos, la aprobación de la resolución que ustedes han venido elaborando será un antecedente fundamental para lograr el reconocimiento del campesinado colombiano.


Esperamos también que esta declaración pueda contribuir significativamente en el seguimiento a las acciones e implementación del Decenio de la Nutrición (2016 – 2025); Decenio de la Agricultura Familiar (2019 – 2028); la implementación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza; los Objetivos AICHI en Biodiversidad (2010 – 2020); La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015 – 2030), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, el proceso iniciado por la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO para ampliar la escala de la Agroecología.


Las organizaciones, parlamentarios y movimientos sociales abajo firmantes respaldamos el trabajo encabezado por la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia, con el apoyo persistente de la Vía Campesina, el Consejo Internacional de Tratados Indios y el Foro Mundial de Pescadores, al igual que la Iniciativa Legislativa para Reconocer al Campesinado como Sujeto de Derechos, por lo tanto, nos comprometemos a generar los espacios de diálogo sobre la declaración y la iniciativa legislativa para su discusión e implementación en el país.


Tomado Pagina de Cumbre Agraria y suscrito por la CONPI www.cumbreagraria.org


Congresistas firmantes


Senador Jesús Alberto Castilla Salazar


Senador Carlos Antonio Lozada


Senador Pablo Catatumbo


Senador Griselda Lobo


Senadora Victoria Sandino


Senador Feliciano Valencia


Senador Iván Cepeda


Senadora Aída Yolanda Avella


Senador Antonio Eresmid Sanguino


Senador Gustavo Bolívar Moreno






Representante a la Cámara Carlos Carreño Marín


Representante a la Cámara Carlos Alban


Representante a la Cámara Omar Restrepo


Representante a la Cámara Jairo Cala


Representante a la Cámara Ángela María Robledo


Representante a la Cámara César Pachón


Representante a la Cámara María José Pizarro






Organizaciones firmantes






Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular – CACEP


Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas – CONPI


Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF


Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC


Asociación Campesina y Popular – ASOCAMPO


Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC


Coordinador Nacional Agrario – CNA


Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias – FENACOA


Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Café – APEMECAFE


Proceso de Comunidades Negras – PCN


Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra / Red Agroecológica Nacional – ACVC – RAN


Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC Colombia


Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO


Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo – SINTCACFROMAYO


Sindicato de los Trabajadores Campesinos Agrarios del Putumayo – SINTRACAP


Asociación Campesina Agrícola del Putumayo – ASCAP


Red de Derechos Humanos de Putumayo


Asociación de Trabajadores de Tolima – ASTRACATOL


Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima – SINTRAGRITOL


Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila – ATCH


Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca – SIMPEAGRICUN


Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz – SINTRAPAZ


Asociación de Trabajadores Campesinos de Viotá – ASTRACAVI


Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – SINTRAGRIM


Asociación de Campesinos Trabajadores Agrícolas y Defensores del Medio Ambiente – ASOCAMTRADEMA


Asociación Campesina para la Agricultura Orgánica y el Comercio Justo en la Cuenca del Río Güéjar – AGROGÜÉJAR


Asociación de Desplazados y Campesinos para el Desarrollo Integral de la Producción Agraria de Palmar de Varela – ASDECADIPA


Sindicato de Trabajadores Campesinos Unidos por la Tierra y el Trabajo – SINTRACUTT


Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia – SINTRAGRANCOL


Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca – ASTRACAVA


Asociación de Unificación y Reorganización Agraria de Colombia – AURACOL


Congreso de los Pueblos


Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas – CONPI


Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA


Mesa Campesina – CIMA – CNA / PUCSOC – FENSUAGRO


Red de Mercados Campesinos Agroecológicos del Valle del Cauca – REDMAC


Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA


Movimiento Ríos vivos


Asociación de Prosumidores Agroecológicos – Agrosolidaria Viani


Asociación de Prosumidores Agroecológicos – Agrosolidaria Agustín Codazzi


Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP


Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar – ASOCAMTICE


Asociación Campesina Agroecológica del Oriente del Tolima


Asociación Mesa de Trabajo por la Dignidad y los Derechos Agrarios – DIGNIAGRARIOS


Corporación para el Desarrollo, la Paz y la Protección Ambiental – CODEPAM


Asociación de Campesinos Agricultores Sin Tierra del Municipio de Sincelejo.


Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia – ANUC


Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Boyacá – ANUC BOYACÁ


Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Santander – ANUC SANTANDER


Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Lorica – ANUC LORICA


Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Cerrito – ANUC Cerrito


Corporación Mujeres Rurales del Peñól – COMURP


Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño – ASTRACAN


Asociación de Líderes Sociales del Cesar


Asociación Campesina para el Desarrollo Rural – ACADER Cauca.


Asociación Campesina y Agroambiental de las Mercedes del Municipio de Popayán – ASOCAM LAS MERCEDES


Asociación de productores agroindustriales de San Juanito Meta – ASOPROAGRINSA


Asociación campesina – ASPROCIASA


Asociación de Pescadores con Cordel – APESCORDEL


Corporación Regional Agroecológica – CORA


Corporación de Pescadores Artesanal del Golfo de Morrosquillo – CORPAGOLFO.


Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas Montes de María – OPDS


Asociación de Productores de Cafés Especiales del Huila – APROCAFES


Asociación de Productores Agrícolas del Municipio de Zipaquirá – ASOPROMUZIPA


Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca – COCOCAUCA


Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega-Cauca


Zona de Reserva Campesina del Macizo Colombiano


Asociación Campesinos Agricultores Vereda Chaquiral – CAMPOAGRIVECHA


Asociación de Productores Campesinos de San Daniel


Asociación de Productores Agropecuarios de San Pablo


Junta de Acción Comunal de la Vereda Potosi


Asociación Agrobosque


Aso-Víctimas Renacer

Fundación Compartiendo Caminos de Paz


Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía del Derecho a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia


Corporación Desarrollo Solidario – CDS


Equipo Agenda Rural


Corporación para el Desarrollo Sustentable – CORDES.


Movimiento Campesino de Nariño


FIAN Colombia


Grupo Semillas


Acción para el Medio Ambiente y el Desarrollo – ENDA Colombia


Viva la Ciudadanía


Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR


Corporación Jurídica Yira Castro


Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA


Comisión Colombiana de Juristas – CCJ


Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – DESCA


Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia


Red Internacional de Derechos Humanos, Ginebra – Suiza


Red de Derechos Humanos REDHUS


Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea – CORPOHUMADEA


Corporación Sembradoras de Identidad Usme


Corporación Colombia Visión Sur


Mesa de Cerros Orientales


Comité Páramo Cruz Verde


Veeduría de Choachí


Red de Veedurías Ciudadanas Ambientales


3Colibrís


Asociación Piwam


Red Mutual de Mujeres Colombianas Creadoras de Empresa – REDMUCEM


Corporación Casa de la Memoria.


Foro Suroccidente


Maestría de Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto – ESAP


Asociación Plataforma LGBTIQ Santander


LGBTI Por la Paz


Asociación para la Promoción del Desarrollo Integral del Caribe –APRODIC


Servicio Paz y Justicia en América Latina, Secretariado en Colombia – SERPAJAL


Corporación Cactus


Asociación de Presbiteras Católicas Romanas – APCR Colombia


Asociación Gente Emprendedora – GEMPREN


Colectivo de Formación Medellín


Campesinos que integran veedurías Programa 50/51.


Plan Nacional de vías terciarias.de Icononzo, Planadas, Valle de Guamuez


Corporación PODION


Red Nacional en Democracia y Paz – RNDP


Unión Nacional de Víctimas CAC


Común Acuerdo


Corporación Ricardo Villa Salcedo


Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz – OIAP


Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS


Vivamos Humanos


Red Unipaz Nodo Centro


Corporación Conciudadania


Corporación Barahúnda


Juventud Rebelde Colombia


Asociación del Trabajo del Sector Territorial y Ambiental


Mesa Ecuménica por la Paz


Mesa Regional Agropecuaria de Santander – MRA


Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia – MESAS


Pax Christi Medellín


Asociación Ambiental del Municipio de Colombia – ASOAMBIENTALCO


Fundación Néctar


Corporación Compromiso- Bucaramanga


Instituto Pensar – Pontificia Universidad Javeriana


Maestría en Planeación para el Desarrollo – USTA


Asociación Colombiana de Antropología – ACANT


Centro de Pensamiento Latinoamericano – RAIZAL


Escuela de Paz del Eje Cafetero


Centro de Estudios Rurales, Ambientales y Apoyo Legal – CERAL


Escuela Nacional de Formación Campesina – ENFOCA


Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA Nariño


Asociación Coordinadora de Mujeres y Familias Sanpableñas


Asociación Red Social de Familias Lorenceñas las Gaviotas


Movimiento Agrario 19 de Agosto


Comité de Integración del Galeras CIGA


Movimiento Campesino del Encano Nariño


Asociación Agroambiental del Galeras


Asociación Agroambiental de Arboleda Nariño


Asociación Campesina del Páramo Nariño


Asociación Agroambiental y Cultural de Taminango


Corporación Despensa Agrícola Colombiana – CORDESAC


Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia – ANMUCIC


More than four hundred social leaders in Colombia have been killed in the last two years in the context of peacebuilding, however, the dream of peace is standing on the shoulders of giants.

By Jorge Andres Forero-Gonzalez*


With more than ten million internal and external people displaced in the last thirty years (1), three hundred thousand deaths, and the forced migration from rural to urban society, it is mandatory to understand that life is sacred in Colombia. The peace process brings hope and the possibility to end the war in the western hemisphere by looking for one real solution for global problems such as drug trafficking. But, there are big risks and potentially bad effects in the implementation process, like the killing of social leaders, the slow process of implementation or the new, conservative government.(2)

However, in the war-torn (or, war-affected) territories, the communities developed inspiring strategies to fight against the murder (or extrajudicial killing) and create collective alternatives of peace to live in their lands. There is the case of the important initiatives of the communities in the country like the Humanitarian Zones and Peace Communities in Chocó and Urabá. In addition, the Indigenous Resguardos (Reservations) (3) and Collective Territories of Black Communities(4), are known in the country as special peace territories symbol. These communities that suffered during the war are the same communities that support the peace treaty and give hope to Colombia and the world(5).

The Peace Agreement of Colombia offers is a big opportunity to address solutions for the structural social and political problems of Colombia.(6) This agreement has 6 points: 1. Integral Rural Reform to create institutions and infrastructure in rural areas where the war took place. 2. Political Participation to open democratic processes that avoid violent solutions. For example, as a product of the agreement the FARC is now a Political Party 3. End of the Conflict, to recuperate more than 20,000 weapons that will be destroyed by the United Nations, took to the ex-guerrilla members for opportunities. 4. Solution to the Drug Problem, the more important point is to find a solution to the global problem, which will reduce demand for cocaine from Colombia. 5. Victims and System of Truth, Justice, Reparation, and Guarantees of No repetition to create scenarios of reconciliation and 6. Implementation, Verification, and International Monitoring to be sure that is possible to comply with the agreement.

In terms of the process of implementation of the Peace Agreement that includes special economic programs for the returning of the communities for their territories especially in the points 1 and 5; in Colombia, we do not start without any experiences. One example of how the communities returned to their homes after (or during) the war is the inspiring cases of Humanitarian Zones(7) and Biodiversity Zones(8). These experiences provide many examples of how to build alternatives from the communities to build peace in times of war and are based in the right to the people to live in their territories using the own government in the case of the Indigenous Peoples and Black Communities in Colombia, and the international human rights agreements. . 

The Humanitarian Zones and Biodiversity Zones, according to Peace Brigades International (2011), are defined as:

A community initiative to continue to resist in the territory despite the onslaught of the armed conflict. In order to achieve this objective, the members demarcate and make visible the areas they inhabit and prohibit the entrance of any armed actor, whether it be legal or illegal. These zones are based on the principle of distinction between civilians and combatants under International Humanitarian Law (IHL) and represent a protection tool for the civilian population living in the midst of the armed conflict. (...) They are also supported through national legislation, including Article 22 of the Colombian Constitution, establishes that "peace is a right". The Inter-American Court of Human Rights has supported the establishment of Humanitarian Zones as a "positive mechanism for protecting the civilian population from actions perpetrated by the different armed actors in the region." Biodiversity Zones have also been established to protect the environment and life.(9)

In contrast, the new conservative government of Colombia that will start in August of 2018 holds a strong position against the Peace Agreement between FARC and the State of Colombia.. This position is explained by the links between the war, the drugs trafficking and the ultra-right position of the ex-president (2002-2010) and the current Senator of Colombia Alvaro Uribe Velez (10). According to newly declassified cables from the State Department of USA the former Colombian Leader Uribe and godfather of the new president, is tied to drug traffickers. (11) In this context, the links are clear between the current administration and the internal armed conflict. This connection the Duque’s position against the implementation of Peace Processes, especially Point 5 of the agreement which calls for investigation and sanctioning of crimes by of all the actors in the war. 

In this context, why is there reason to hope? Initiatives like the Humanitarian and Biodiversity Zones have been working in the more radical context of the war in Colombia at the times of Alvaro Uribe Velez, that included a military doctrine that according to recent research(12), includes “approximately 10,000 civilians were executed by the army between 2002 and 2010 – more than three times the number tallied by human rights groups.” (13) In addition to thinking about the Indigenous Resguardos, which in Colombia are more the 30% of our territory especially at the Amazons, it is important to think about their more than five hundred years of resistance as a symbol of autonomy. Moreover, the Collective Territories of Black Communities, 10% of our country especially in the Pacific areas, is a memory of fighting for liberty and independence in Colombia for more than four hundred years. 

In conclusion, how does one begin to look for conditions to return to the land in the current Peace Agreement? 

First, it is true that with the new government of Colombia creates a difficult environment for the processes of peacebuilding, especially with the current killing of the social leaders and human rights defenders (14). However, if the government of Colombia rends the monopoly of weapons and justice, and gives real guarantees to social leaders and an the communities to return to the land, is possible to build a powerful peacebuilding institutions and infrastructure. 

Second, this infrastructure must be a negotiation and agreement process involving all social actors in Colombia, recover experiences like the Humanitarian Zones and Biodiversity Zones, establishing trust with a society that wants a second opportunity for peace. It is especially important that the new institutions support peacebuilding initiatives of the communities creating real scenarios of reconciliation.

And tree, After sixty years of military conflict, the conditions to return to rural regions of Colombia requires the implementation of the 2016 Peace Agreement, including mediation between the communities and the new government that does not support the process. 


“Al pueblo lo que es del pueblo.”

“Rompamos las cadenas a través de la unidad.”


"To the people what is for the people."

"Break the chains through unity."


In memory of Ibes Trujillo, Black Leader of CONAFRO and CENPAZ (15)

Ibes was killed in July of 2018


* Jorge Andrés Forero-González is from Colombia and, has studied economics and political science at the National University of Colombia and the University of the Andes. He is working with indigenous peoples, the Afro-Colombian community in CENPAZ, and agricultural communities in establishing processes for implementing the peace agreement. Right now is a Fulbright Fellow in USA in the Hubert H. Humphrey Program 2018 – 2019.

** Thanks J. Wren Supak for your help in the the final edition and your recommendations. J Wren Supak is a researcher in the intersection of art in conflict, and post-conflict justice as a Human Rights research fellow of the University of Minnesota, USA.

*** Thanks professor Josh Rosenberg of ELI of the University of Montana, USA, for your questions, and recommendations to write this article.

**** Foto: Congress of Mujeres Indigenas CONPI 2016 http://www.conpicolombia.org/2016/08/mujeres-indigenas-tejedoras-de-vida.html


NOTES:

(1) “According to the UN Refugee Agency, 13.9 million people were forced from their homes in 2014 alone, and 11 million of them were internally displaced. In 2016, the most recent UN figures, a total of 65.6 million people were forcibly displaced worldwide—making 8 out of every 1,000 inhabitants of earth a displaced person. Since the 1980s, Colombia has been home to nearly 6 million internally displaced people, ranking near the highest globally per capita”.Andrea Ruggeri, "Democracy and Displacement in Colombia’s Civil War. By Abbey Steele," The Journal of Politics 80, no. 3 (July 2018): e61-e62

(2) See my other article: Risks in the Peace Building Process in Colombia and Challenges to the new Government. Available in:
http://www.conpicolombia.org/2018/07/risks-in-peace-building-process-in.html

(3) See for example the work of the Resguardo Sat Tama Kiwe in Caldono Cauca http://cabildocaldono.org/ and the position of CONPI and CENPAZ, available in www.conpicolombia.org

(4)PROPUESTA,“GUARDIA CIMARRONA: justicia, seguridad y protección desde la autonomía del Pueblo Negro” http://www.conpicolombia.org/2017/09/propuestaguardia-cimarrona-justicia.html

(5) See in maps the relationship between the army conflict and the results of the last Peace Referendum and Presidential Elections where is clear that the communities that support the peace are the victims. Available in https://twitter.com/AchioteCo/status/1009538053948542982

(6) See: Final Agreement to end the armed conflict and build a stable and lasting Peace. Available in: http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf

(7) Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: Espacios de dignidad para la población desplazada en Colombia https://www.justiciaypazcolombia.com/wp-content/uploads/2009/01/Uexternado_Finalvb.pdf

(8) FORERO- GONZALEZ, 2013. LAS ZONAS DE BIODIVERSIDAD EN EL BAJO ATRATO POR LA DEFENSA DE LAS VIDAS EN EL TERRITORIO http://jyp.megadatesystem.com/IMG/pdf/zonas_de_biodiversidad_en_el_bajo_atrato.pDF

(9) Returning to their land: Establishing humanitarian zones and biodiversity zones https://www.peacebrigades.org/en/content/returning-their-land-establishing-humanitarian-zones-and-biodiversity-zones

(10) In July the new said “Facing Investigation, Ex-President Uribe Resigns From Senate in Colombia” https://www.nytimes.com/2018/07/24/world/americas/colombia-alvaro-uribe-resigns.html. However after one week of the announcement Uribe decided don’t be official the resigns.

(11) Cables Contain Claims Former Colombian Leader (Alvaro Uribe Velez) Is Tied to Drug Traffickers https://www.nytimes.com/2018/05/25/world/americas/colombia-uribe-drugs.html

(12) Book: Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios/ Ornar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2017. Available in http://www.kavilando.org/images/stories/documentos/EJECUCIONES-EXTRAJUDICIALES-EN-COLOMBIA-2002-2010.pdf

(13) “Colombian army killed thousands more civilians than reported, study claims” Disponible in https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/colombia-false-positives-scandal-casualties-higher-thought-study

(14) See Documentary “Nos Estan Matando” With Hector Carabali National Speaker CONAFRO, CENPAZ and Victims. Director Emily Wright / Tom Laffay CC in English Available in http://www.conpicolombia.org/2018/06/documental-nos-estan-matando-con-hector.html

(15) Comunicado en esperanza y solidaridad por la Paz en Colombia ante el asesinato de Ibes Trujillo, líder de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodesendientes CONAFRO http://www.conpicolombia.org/2018/07/comunicado-en-esperanza-y-solidaridad.html



Primer encuentro entre Jean Arnault y Los integrantes de la instancia Especial de Pueblos Etnicos para una apertura de relación y construcción de agenda conjunta para trabajar en la implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz. Agosto 2018
Explican Luz Mery Panche Chocue CONPI Coordinacion Nacional de Pueblos Indigenas y Rodrigo Castillo CONPAZ Comunidades Haciendo Paz en los Territorios
Vocer@s Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Etnico por CENPAZ





En el marco de la Semana por la Paz, La Universidad Javeriana con su Maestría en estudios de Paz y Resolución de Conflictos realizó el panel con Lideres y Lideresas que se encuentran en los Territorios Construyendo Paz. Desde la Plataforma CENPAZ fueron invitados Luz Mery Panche y Hèctor Carabalì




Diálogo en clave de balance sobre el proceso de construcción del Plan de Acción en Derechos Humanos: logros, retos y oportunidades entre el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y diversos sectores y actores de la sociedad civil y comunidad internacional.

Desde CENPAZ, integrantes de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos presentamos el PMI. Documento tecnico y politico que contiene los compromisos del Estado colombiano para a construcción de Paz en Colombia. Como Instancia Ampliada, CENPAZ en un trabajo conjunto con la Comisión Etnica, el Pueblos Rrom y Raizal y la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indigenas, construimos un capitulo especial para los Pueblos Étnicos de Colombia desarrollando lo contemplado en el Capitulo Etnico del acuerdo de paz en un trabajo especializado que incluye metas trazadoras, indicadores de impacto y de gestión y consideraciones especificas por cada uno de los 6 puntos y subpuntos del acuerdo de Paz. Como Pueblos Indigenas, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom de Colombia mandatamos el cumplimiento en este sueño de Paz en Colombia y se hagan derechos los compromisos firmados por el Estado de Colombia en este Plan Marco de Implementación.  Descarga el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP


Resumen Ejecutivo

El presente Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI) ha sido elaborado por el Gobierno de Colombia, y discutido y aprobado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI), en cumplimiento de las disposiciones del Punto 6.1.1 del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) el 24 de noviembre de 2016, y refrendado por el Congreso de la República el 2 de diciembre del mismo año.

El PMI orientará las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo Final durante los próximos 15 años, y facilitará su seguimiento por parte de las diferentes instancias dispuestas para este fin. De igual forma, será el principal referente para la inclusión de los componentes de paz dentro de los próximos Planes Nacionales de Desarrollo en los términos establecidos en el Acuerdo Final y en el Acto Legislativo 01 de 2016. 

 El documento contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la implementación del Acuerdo Final, organizados por cada punto del mismo, incluyendo los capítulos sobre enfoques de género y étnico. De igual forma, el PMI contiene los aspectos relacionados con la focalización territorial, una sección de estimación indicativa de los costos de implementación y sus fuentes de financiamiento; una sección sobre compromisos de las FARC-EP o del partido o movimiento político que surja de su tránsito a la vida política legal; y finalmente, unas recomendaciones para ser tomadas en cuenta en la implementación del Acuerdo Final (1)

Según lo establecido en el Acuerdo Final, una vez aprobado el documento presentado por el Gobierno nacional por la CSIVI, se tramitará ante el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el PMI, en los términos aprobados por dicha Comisión, el cual será contentivo además de los recursos indicativos para para su financiación, así como de sus fuentes. 

(1) El componente de FARC-CSIVI para Plan Marco de Implementación realizó un conjunto de salvedades que pueden ser consultadas en la sección destinada para ese fin. Asimismo, las matrices del PMI contienen una sección con las salvedades realizadas por la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos, sobre contenidos del PMI.

#UrgenGarantiasParaLaPaz 

Bakata Bogotá, 2 de agosto de 2018 

Descarga el documento en PDF

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), conformada por delegados y delegadas de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales y de la Coordinadora Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), como órgano consultor, representante e interlocutor de primer orden ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), saludamos a los participantes de esta “Audiencia Étnica” que busca conocer y confrontar los avances en la implementación del Capítulo Étnico y el Plan Marco de Implementación en los Acuerdos de Paz (PMI); así como establecer la ruta de trabajo para los próximos años. 

Saludamos a la Procuraduría General de la Nación y sus procuradurías delegas de: Paz y protección a los derechos de las víctimas, Asuntos agrarios y restitución de tierras. Saludos a la comunidad internacional y las organizaciones y comunidades que participan de este encuentro. A la vez que saludamos a los espacios de interlocución que como la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas (MPC) y Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras como escenarios en los que se han avanzado alguno de estos debates. INSTANCIA ESPECIAL DE ALTO NIVEL CON PUEBLOS ETNICOS - IEANPE 2 

Como Instancia Especial de Alto Nivel afirmamos públicamente nuestro compromiso al trabajo conjunto como posibilidad de contribuir más efectivamente a la construcción de paz con ejercicio pleno de los derechos a la igualdad y a la diversidad cultural de nuestro país. 

Desde el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), las organizaciones nacionales y comunidades en el territorio de pueblos indígenas y afrodescendientes expresamos el total respaldo a la búsqueda de una solución negociada a más de 50 años de conflicto armado en el país. En ese sentido, nos movilizamos conjuntamente para conseguir un espacio en la Mesa de Negociación como pueblos étnicos y logramos incluir un Capítulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz. 

Este logro histórico incluyó una serie de principios, salvaguardas y garantías que promueven el respeto de los derechos históricos adquiridos por los pueblos étnicos. En el entendido que los Acuerdos de paz son una política de Estado que trasciende al gobierno actual, al gobierno entrante y a los próximos gobiernos, reconocemos el avance que significa el acuerdo de paz y somos conscientes de los retos de su implementación, por lo tanto, nos permitimos presentar un corto balance, resultado de dos días de trabajo en IEANPE, iniciado el 31 de julio del año en curso. 

Expresamos nuestra preocupación, frente al poco interés demostrado por el gobierno de Juan Manuel Santos con el Capítulo Étnico, por la falta de garantías y condiciones institucionales, técnicas y operativas para que la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos pueda cumplir su desempeño. El Comunicado Oficial No 13 de la CSIVI de marzo del 2017 precisó las funciones de la Instancia Étnica en referencia al seguimiento del Capítulo Étnico, el Plan Marco de Implementación y los Planes Cuatrienales y plurianuales de inversión; para mantener canales de comunicación con las comunidades y las instancias oficiales de interlocución con el Gobierno Nacional; para socializar ampliamente el enfoque étnico de los Acuerdos y mantener un diálogo constante con la CSIVI y demás Instancias creadas por el Acuerdo Final. A un año de su constitución formal, los representantes de pueblos y organizaciones indígenas, negras, palenqueras, raizales y rom, constatamos que este pilar de participación diferencial NO ha recibido el respaldo necesario para cumplir con sus funciones de acompañamiento efectivo y oportuno en el proceso de construcción territorial de paz al que hemos sido convocados. 

Instamos al gobierno entrante y saliente a que reconozca a la Alta Instancia Étnica como interlocutora de primer orden en el proceso de implementación y a que garantice su funcionamiento. No se trata solo de compromiso escrito en un documento histórico, sino de una necesidad urgente de inclusión social étnica para la mayor legitimidad y eficacia del proceso de paz. El Ministerio del Posconflicto y el Ministerio del Interior, responsables directos de este aspecto en el Plan Marco de Implementación en el periodo 2017 - 2026, tienen la palabra para que la dilación no se convierta en un nuevo mecanismo de exclusión de la participación de los pueblos étnicos del país. 

Los pueblos indígenas y afrocolombianos hemos sido históricamente las principales víctimas de las violaciones de derechos humanos en el País. Según el informe de Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 26 de julio de 2018, se registran 330 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales, según los líderes étnicos, el 40% corresponden a indígenas y afrodescendientes. 

Aunque el Capítulo Étnico ratificó el derecho de los pueblos étnicos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, el proceso legislativo acelerado conocido como Fast Track, para aprobar la normatividad del Acuerdo, supuso un retroceso preocupante en el ejercicio de este derecho, porque no respetaron los estándares internacionales y nacionales; el gobierno se abrogó la potestad de decidir qué decretos o normas eran objeto de consulta, sin concertar este mecanismo con las comunidades y pueblos negros e indígenas. Como resultado se debilitó el ejercicio de este derecho; los pueblos indígenas fueron consultados para cinco decretos, mientras que para el pueblo negro solo se consultó un proyecto, que surtió el trámite a través de correo electrónico. Confiamos en que el gobierno entrante reconozca el derecho fundamental a la consulta y consentimiento Libre Previo e Informado y no limite su ejercicio. 

La reforma de la Ley 160/94 radicada en el congreso viola el principio de la no regresividad, particularmente en lo establecido en el Decreto 2333 de 2014 respecto al derecho del acceso y uso a la tierra, tal como lo establece el concepto emitido por la Procuraduría (e.g. por desconocer la tierra ancestral y el uso social de la tierra), y ha sido advertido que serviría como una herramienta de despojo y a su vez para legitimar las tierras despojadas a favor de las economías extractivas; incrementaría los conflictos inter e intra étnicos, y también desconocería la autonomía ambiental y territorial. Así mismo, preocupa la falta de respeto a la ruta acordada para la consulta previa de esta reforma. En ese sentido concluimos que el espíritu de este proyecto de Ley se encuentra en contravía del Acuerdo de Paz. 

Debemos resaltar que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales en el acceso a la tierra. En información del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana (OTEC-PUJ), en el marco de la alianza con la Coalición de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI), y el Proceso de Comunidades Negra (PCN) son 271 Consejos Comunitarios en situación de vulnerabilidad frente a las amenazas de violencia, militarización, políticas económicas extractivista, entre otras dinámicas, por no tener la titulación colectiva de sus tierras ancestrales y tradicionales. 

De acuerdo con la información de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en materia de legalización de territorios indígenas, con corte a julio de 2018, están radicadas ante la ANT 820 solicitudes: 52% de constitución de resguardos, 44% de ampliación y 3% saneamiento. Con relación a la implementación del decreto 2333 de 2014, se evidencia que después de 4 años de expedido se han radicado104 solicitudes y hasta el momento no se ha expedido una sola resolución de protección provisional de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.

Gran parte de estas solicitudes cuentan con 10 y hasta 20 años de haberse radicado sin tener un avance significativo, se han presentado situaciones de pérdida de expedientes producto de los constantes cambios institucionales y se presentan inconsistencias en la información debido a que se desconoce la fecha de solicitud, el número estimado de hectáreas de las solicitudes y el estado detallado del proceso, lo cual imposibilita la adopción de decisiones en materia presupuestal y la aplicabilidad de la norma. 

Por otra parte los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento clave para reducir las brechas existentes entre las zonas rurales y urbanas de Colombia. Los pueblos étnicos se han mostrado comprometidos desde su puesta en marcha con el diseño de los PDET en sus territorios. Sin embargo, la implementación de los programas de desarrollo ha presentado graves fallas desde su origen. Primeramente, la concertación de la ART con las comunidades étnicas para el diseño de rutas étnicas de los PDET se hizo tardíamente y sin la articulación suficiente con la Instancia Étnica y las organizaciones nacionales. Asimismo, la construcción de las diferentes rutas étnicas para los 16 PDET se hizo con las comunidades locales lo que supuso la fragmentación de las estructuras y dinámicas étnico-territoriales. Una vez aprobadas las diferentes rutas étnicas, se han producido grandes retrasos en la celebración de las diferentes asambleas por falta de financiamiento. 

Exhortamos al nuevo gobierno a tomar nota de estas debilidades de los programas y a darle continuidad al enfoque étnico de los PDET. Por un lado, exigimos que se complete el proceso de diseño de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) a nivel sub-regional y que se dote de las partidas presupuestales adecuadas para su correcta puesta en marcha. Asimismo, como Instancia Étnica ofrecemos nuestra entera disposición a seguir siendo una entidad de consulta, asesoramiento y seguimiento de los PDET. 

En materia de la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, si bien se ha reportado algunos acuerdos locales con comunidades étnicas, no hay evidencia de una estrategia nacional, diseñada y concertada con las autoridades tradicionales para cumplir con lo acordado en el capítulo étnico en este punto. En ese sentido, pedimos al gobierno entrante que dé continuidad a la puesta en marcha de decreto diferencial y se comprometa a trabajar de forma coordinada con la Instancia Étnica. Insistimos en que la erradicación voluntaria y forzosa de las matas de coca no es una solución efectiva a la problemática, la solución está en el desarrollo de economías propias desde nuestros territorios con los recursos suficientes para la transformación. 

En cuanto las garantías para la participación política reiteramos que el Capitulo Étnico plantea que en la circunscripción especial de paz, debe garantizarse la participación de las comunidades étnicas como principales víctimas del Conflicto armado. Queremos enfatizar la importancia de que los pueblos étnicos somos parte fundamental en la construcción de una estrategia de paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que pasa por un ejercicio no solo de participación sino también de concertación. Los pueblos étnicos somos también aliados clave para la implementación del Acuerdo para finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, en especial de su Capítulo Étnico. 

En los territorios étnicos el estado fue incapaz de llenar los espacios dejados por la insurgencia y las comunidades, sus organizaciones líderes y lideresas siguen viviendo en crisis humanitaria. La intervención institucional, como lo muestra el ejemplo del Alto Mira y Frontera en Nariño, en el marco de los acuerdos de sustitución ha contribuido a esta crisis y a aumentar el riesgo de las comunidades étnicas, sus territorios y derechos. El capítulo y enfoque étnico del acuerdo de paz son la posibilidad de que el país en su conjunto avance en superar las condiciones de desigualdad originadas en el racismo y discriminación racial y que han sido acrecentadas por el conflicto armado interno. Consideramos que la implementación del capítulo y enfoque étnico no ha sido integral, no ha existido una visión compresiva e integradora de sus distintos aspectos, sin embargo guardamos la esperanza en que juntos podremos avanzar en su implementación que también es un propósito de país que marca la vida de millones de colombianos y colombianas que aspiramos a vivir en paz y sin discriminación racial. 

Por último para la construcción de una paz completa, es imprescindible también que se continúe el proceso de dialogo con el ELN y se llegue a un acuerdo que permita avanzar en el sueño anhelado. #UrgenGarantiasParaLaPaz 

INSTANCIA ESPECIAL DE ALTO NIVEL CON PUEBLOS ETNICOS - IEANPE Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales: Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor; Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA (Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - ACONC, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES, Conferencia Nacional Afrocolombiana CNOA, Consejo Laboral Afrocolombiano - CLAF, Foro Interétnico Solidaridad Choco FISCH, Red Nacional de Mujeres Kambiri, Centro de Pastoral Afrocolombiana - Quibdó, Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN. CENPAZ: CONPI – CONAFRO 


Informes: instanciapueblosetnicos@gmail.com @comisionetnica @Cenpaz_ Documentos: https://goo.gl/eSgyCV / Línea del Tiempo: https://goo.gl/rTVU3G


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