agosto 2015
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Por estas y muchas otras razones invitamos a la ciudadanía, al país entero a que nos movilicemos entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en las que hemos denominado jornadas de la indignación, campesina, étnica y popular para que nos expresemos sin que nos cueste la vida y la libertad, para rechazar y  debatir todas esas políticas de Estado que nos indignan y excluyen, buscando construir  desde abajo y entre todos y todas el país que queremos.

26/ 08/ 2015 POR: CUMBRE AGRARIA ETNICA Y POPULAR



Seguimos indignados, porque consideramos que los acuerdos incumplidos, las políticas regresivas, la democracia restringida, la estigmatización y discriminación de nuestras luchas y conquistas, la persecución política por parte del Estado son actos injustos y ofensivos contra la esperanza de paz con justicia social que anhela el pueblo colombiano.

A dos años del paro nacional agrario (19 de agosto de 2013) y la Minga Indígena Social y Popular (Octubre de 2013), en el que las comunidades rurales presentaron al país los problemas reales que atacan al campo colombiano, seguimos esperando que el gobierno haga honor a su palabra y cumpla con los más de 200 acuerdos suscritos, de los cuales más del 70% han sido incumplidos.

En esa oportunidad, el pueblo indignado recurrió a las vías de hecho, a la minga y la movilización para exigir sus derechos obteniendo la represión, las amenazas y la cárcel como respuesta inmediata del Estado. Luego cuando cansados de los golpes, la cárcel y la muerte recurrimos a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, nos encontramos con trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos que impiden acceder a nuestros derechos y que se concreten los acuerdos pactados.

¿Por qué el Estado es diligente para negociar con los gremios económicos y agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio, mientras a las comunidades agrarias se les criminaliza, estigmatiza, persigue e ignora?, Nos preguntamos: el Estado y el Gobierno entonces ¿para qué y para quién?

Quienes con nuestra fuerza de trabajo sostenemos a Colombia, labrando la tierra, llevando los alimentos a la mesa de cada colombiano(a) todos los días, luchando cotidianamente por una vida con dignidad, hacemos un llamado al pueblo colombiano a movilizarnos por lo que consideramos una política de doble discurso; porque mientras se habla de paz, se continúa haciendo la guerra contra el movimiento social y contra el pueblo en general, mediante medidas políticas y jurídicas que legitiman el despojo que está a la base del conflicto social y armado.

El reciente informe del Censo Nacional Agropecuario evidencia una vez más que el país requiere de profundas transformaciones si queremos superar la inequidad en el uso y tenencia de la tierra que se encuentra en manos de un diminuto 0,4 % de propietarios que posee el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola. Las comunidades rurales, quienes producen el 70 % de la comida de los(as) Colombianos(as) poseen propiedades que tienen menos de cinco hectáreas (70 % de las fincas). Frente a este panorama, el gobierno insiste en imponer una reforma agraria ajustada a sus intereses y promover un proyecto de ley que pretende evadir las restricciones legales a la concentración de tierras baldías en las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) adjudicando los baldíos no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales; legalizando de esta manera la acumulación de tierras, facilitando el despojo mediante la figura de expropiación, favoreciendo la extranjerización de la tierra, el agua, los bienes comunes e incentivando alianzas productivas asimétricas entre campesinos y corporaciones agroindustriales, todo lo cual agravaría la desigualdad e inequidad en Colombia.

De otra parte vemos como el Plan Nacional de Desarrollo PND (PND 2014 -2018. “Todos Por un Nuevo País”) responde a las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en nada se corresponde con su aspiración de Paz, Equidad y Educación, pues sigue sustentando el “desarrollo del país” en la explotación de materias primas entregadas a empresas multinacionales, dejando desplazamiento, quiebras de las economías propias, perdida de diversidad biológica y cultural, a cambio de recursos financieros que no cubren siquiera los pasivos sociales y ambientales de la explotación. Esto teniendo en cuenta que la crisis mundial de los precios del petróleo  y materias primas deja una balanza comercial negativa para el país.

No es posible que se entregue el territorio nacional y los bienes comunes a la explotación minera y petrolera mientras que se importan alrededor de 10 millones de toneladas en alimentos gracias a los TLC; mientras a los campesinos, indígenas, afrocolombianos y sectores populares se les despoja de sus territorios y bienes comunes para su subsistencia y la soberanía alimentaria de toda la nación.

El campo colombiano lo han convertido en un campo de batalla sembrado de muertes que hoy más que nunca necesitan florecer y dar frutos para la paz. Esos frutos solo serán posibles si abrimos campo a la participación política de las comunidades agrarias para la definición de una Reforma Agraria Integral para el Buen Vivir, pero con la participación activa de los sectores populares en las ciudades.

Sabemos que no solo los campesinos, campesinas, indígenas y negros somos excluidos en este país, los rigores de las políticas de Estado en contra de los colombianos, también la padecen sectores como la salud, la educación, los transportadores, los trabajadores entre otros, todos somos víctimas del mismo sistema que cada día nos empobrece más.

Por estas y muchas otras razones invitamos a la ciudadanía, al país entero a que nos movilicemos entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en las que hemos denominado jornadas de la indignación, campesina, étnica y popular para que nos expresemos sin que nos cueste la vida y la libertad, para rechazar y  debatir todas esas políticas de Estado que nos indignan y excluyen, buscando construir  desde abajo y entre todos y todas el país que queremos.

Convocan:

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Organización Nacional indígena de Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria  FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, Asociación Campesina Popular Asocampo, Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, Proceso de Comunidades Negras PCN, Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.)

Cumbre Popular Urbana
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – Anjeco
Comuna Universitaria
Partido Comunista de Colombia – PCC
Unión Patriótica – UP
Juventud Comunista Colombia – Juco
Clamor Social por la Paz
Asociación para el desarrollo agroindustrial y mineros de Colombia - Ademac
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitario - ACEU
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES
Colectivo de Jóvenes Trabajadores  - CJT
Red de Semillas Libres de Colombia
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública
Sindicato de Trabajadores del Incoder – Sintraincoder
Comité por la Defensa del San Juan de Dios, San Juan de Todos
Freskiemos el Ambiente
Movimiento Social de Discapacidad – MOSODIC
Mesa Ecuménica por la Paz – MEP


@CumbreAgrariaOf

DOCUEMENTO DE Convocatoria 

 

2015/ Agosto 21/ Por Carlos C.  C.C. Cauca/

La coordinación Nacional de Pueblos indígenas, en su arduo trabajo por la defensa del territorio, hizo una denuncia pública, manifestando que las políticas de gobierno van en contra de lo que emana la Constitución Nacional para con los diferentes sectores sociales y populares del país. Además de atentar contra la integridad y el bienestar de la Madre tierra (Y por ende contra el bienestar de los indígenas que viven en común unión con ella) a través de su Locomotora minero-energética.



La coordinación Nacional rechaza toda acción que atente contra los diferentes sectores sociales y populares del país, al tiempo que invita a las diferentes organizaciones indígenas y al sector indígena en general, para que unidos trabajemos alrededor de una Constituyente indígena.



Hoy rechazamos toda clase de atropellos que causan los diferentes actores armados que se encuentran en nuestro territorio indígena y  que de una u otra manera siempre salimos pagando las consecuencias de una guerra  que no es de nosotros pero que nos ha causado muchas víctimas y que aun nos siguen victimizando en este conflicto.
  
08/ 02/ 2015/ POR: TEJIDO DE COMUNICACIONES ACIN. 


Publicado el Viernes, 31 Julio 2015 15:49

La Autoridad  Tradicional del Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo Ceral y demás  comunidades del Municipio de Buenos Aires  - Cauca; conforme al uso de las  facultades legítimas que le confiere la ley de origen, el derecho propio, los usos y costumbres; además  las  facultades legales otorgadas por la ley 89 de 1890, artículo 3,7, 246 y 330 de la constitución política de Colombia y los convenios internacionales a favor de los pueblos indígenas 169 de la OIT, la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU que conforman el bloque de constitucionalidad.
 
Hoy rechazamos toda clase de atropellos que causan los diferentes actores armados que se encuentran en nuestro territorio indígena y  que de una u otra manera siempre salimos pagando las consecuencias de una guerra  que no es de nosotros pero que nos ha causado muchas víctimas y que aun nos siguen victimizando en este conflicto.
 
De nada nos vale hablar tanto de paz cuando nuestro territorio está siendo estigmatizado, están violando nuestros derechos como pueblo milenario, que tanta sangre ha corrido por defender y reclamar nuestra existencia como indígenas nasas que somos.
 
Hoy nuevamente nos encontramos atropellados por la fuerza pública en cabeza de la brigada 17 del ejército del Batallón Pichincha ubicada en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, generando desarmonización dentro de nuestro territorio con hechos violentos.



Hechos:
 
El día 21 de julio del presente año, siendo las 5. a.m.  llegó el ejército al sitio conocido como Casa sin jurisdicción del cabildo indígena, donde se encuentran 7 viviendas de familias y comuneros que luego son habitadas por el ejército colombiano colocando en grave peligro a las familias que ahí habitan. El mismo día siendo las 7 pm mientras un exgobernador se movilizaba por la vía hacia su casa de habitación fue abordado por 2 militares quienes le pidieron hacer una requisa con el pretexto de ser sospechoso por andar a esa hora de la noche. El exgobernador manifestó diciendo que no se iba dejar requisar, que en la vereda la mayoría de las personas lo conocían y sabían cuál era el trabajo que venía realizando en la comunidad. Frente a la respuesta del exgobernador los 2 soldados se quejaron ante el comandante diciendo que el nativo no se había dejado requisar, que había sido un patán y vulgar, siendo todo lo contrarios porque irrespetuosamente requisaron sus pertenencias. Los militares nunca dicen la verdad, toda lo acomodan a su antojo afectando física y psicológicamente a la comunidad. Ese mismo día cuando la chiva (bus escalera) del cabildo venia bajando los militares en una parte oscura hicieron señal de pare al vehículo. El conductor detuvo el automotor pero con insultos y golpeando la chiva con el fusil le pidieron que apagaran las luces. El chofer le respondió “este grosero eso es lo ustedes hacen con la gente”.
 
El día 22 de julio la guardia indígena se dirigió al sitio donde ellos se encuentran acampando y les pide el favor que desalojen las viviendas de los civiles, que respetaran las normas internacionales, que se alejaran del sitio y que no perjudicaran la población. No obedeciendo a la comunidad los militares aún siguen dentro del territorio colocando en alto riesgo a la población civil de la comunidad.
 
El día 24 de julio el ejército se encuentra saqueando las casas de los comuneros, por la cual la guardia indígena y la comunidad han insistido en que el ejército se retire de las viviendas pero ellos insisten en quedarse.
 
Hoy vemos que nos han involucrado en el conflicto armado siendo nuestros derechos violados y vulnerados.
 
Esta es una situación preocupante para nosotros como autoridades y la comunidad, pero de igual manera vamos hacer respetar nuestros derechos.
 
Hay que tener en cuenta el protocolo de Ginebra  que dice que la  fuerza  pública debe de ubicarse por lo menos a 300 metros de la población civil y que no deben ocupar las viviendas, un derecho más violado por la fuerza pública.
 
Teniendo en cuenta los hechos narrados en este comunicado pedimos a los diferentes organismos defensores de Derechos Humanos, a la  Cruz Roja Internacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la personería municipal del Buenos  Aires - Cauca que nos ayuden a velar por la comunidad que hoy está siendo atropellada por la ya mencionada situación. Pedimos que el ejército se retire de las  viviendas de las cuales hoy están ocupando y que colocan en riesgo a la comunidad. Que se tengan en cuenta el artículo 60 del  decreto 4633 del 2011, donde manifiesta la población indígena  donde menciona como deben ser tratados y de no ser involucrados a ningún conflicto armado.
 
CABILDO INDIGENA PUEBLO NUEVO CERAL
MUNICIPIO  DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 
ENTIDAD DE CARÁCTER ESPECIAL
 Territorio y Autoridad Por Nuestra Existencia Kwe`s` kiweteUkawe`s` Yak Fxi`zeni



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