mayo 2015
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No es necesario agudizar la guerra como requisito para acelerar el diálogo en la mesa, por el contrario detener estas acciones es el único gesto válido para que se detengan los ríos de sangre entre los colombianos y colombianas y se consolide la Paz.
Integrantes de la comisión de dialogo en la Habana Cuba


2015/ MAYO/ 28/ POR: CABILDO INDÍGENA DE KWET WALA DE PRADERA VALLE DEL CAUCA. 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE LOS DIÁLOGOS DE PAZ DE LA HABANA

Las comunidades indígenas del resguardo KWET WALA del municipio de Pradera Valle, rechazamos los últimos acontecimientos de guerra que vienen ocurriendo en el país y que colocan en grave crisis la mesa de diálogos de la Habana, la que gracias a los buenos oficios de los países garantes han facilitado que las la FARC EP y el gobierno de JUAN MANUEL SANTOS se sienten a dialogar para alcanzar la paz.

A lo largo de la historia nuestro país se ha sumido en un desangre entre colombianos que ha dejado miles de desplazados, masacrados, desaparecidos y exiliados cuya causa principal es la desigualdad social. La esperanza de colocarle fin a estos largos años de violencia nunca se ha visto tan cerca, a pesar que los procesos de dialogo están rodeados de enemigos gremiales, políticos y manos extranjeras que no les interesa para nada el bienestar del pueblo y quieren que el derrame de sangre continúe con más vehemencia.

Un rompimiento de los diálogos para alcanzar la paz entre la insurgencia y el actual gobierno, no solo dejaría la más nefasta consecuencia para la sociedad colombiana sino que continuarían con más fuerza todas las artimañas que en todos estos años de guerra han utilizado los dueños del poder contra la población civil, como la persecución, el desplazamiento, la desaparición forzada, las masacres y los falsos positivos, con el pretexto de que en la guerra todo se vale.

Por lo anterior, hacemos el llamamiento a las dos partes a no pararse de la mesa hasta tanto no se haya firmado la paz. Pero es primordial para continuar los diálogos que haya un cese bilateral al fuego. En los últimos meses la población civil fue la más beneficiada con el cese unilateral de las Farc-ep. Con ello se detiene el inútil derramamiento de sangre, como la muerte de los 11 soldados masacrados y los 26 guerrilleros también masacrados, más los civiles que los medios de información no registran.

No queremos que se siembre más la intolerancia entre los colombianos frente a la guerra, porque por un lado se quiere mostrar ante los medios masivos de información que unos son los victoriosos y otros los derrotados, cuando todos somos colombianos. No podemos señalar que unos son los buenos y otros los malos, pues todas estas consecuencias son producto de la desigualdad social. La paz que buscamos los colombianos no es solo el silenciamiento de los fusiles, sino una paz que lleve a la igualdad real de derechos y oportunidades.

Finalmente no es necesario agudizar la guerra como requisito para acelerar el diálogo en la mesa, por el contrario detener estas acciones es el único gesto válido para que se detengan los ríos de sangre entre los colombianos y colombianas y se consolide la Paz.
 
Pradera valle, mayo de 2015.


COMUNIDADES INDIGENAS RESGUARDO KWET WALA.

Hoy en las primeras horas del día, integrantes del ESMAD, acordonaban un tramo de la vía Caloto el Palo, con el objetivo de “proteger” la maquinaria del ingenio cañero que ingresaría a destruir los cultivos de pan coger, que las comunidades de Toez, Huellas y López Adentro, habían sembrado en la hacienda la EMPERATIZ, como parte de su resistencia en el proceso de liberación de la madre tierra (mama kiwe).

Entrada a la hacienda la Emperatriz Caloto
Foto por: imágenes google 

2015/ MAYO/ 28/ POR: COMISIÓN DE COMUNICACIONES CONPI.

Hoy en las primeras horas del día, integrantes del ESMAD, acordonaban un tramo de la vía Caloto el Palo, con el objetivo de “proteger” la maquinaria del ingenio cañero que ingresaría a destruir los cultivos de pan coger, que las comunidades de Toez, Huellas y López Adentro, habían sembrado en la hacienda la EMPERATIZ, como parte de su resistencia en el proceso de liberación de la madre tierra (mama kiwe). Acción similar a la que hicieron el pasado viernes 22 de Mayo en el municipio de Corinto en las fincas Miraflores, García Abajo y García Arriba, y el lunes 25 de mayo donde culminaron con la total destrucción de los cultivos.

Foto por: comunicaciones CONPI, 

A las 10 de la mañana el SMAD,  EMCAR, y fuerza militar, cerraron la vía para todo vehículo, generando un malestar vehicular; aun sabiendo que no iniciaban los choques entre indígenas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, situación que llevo a los pasajeros  a tomar vías alternas que demorarían su viaje hacia los destinos a donde con urgencia necesitaban llegar.

Un caso puntual fue el de un minibús que cubre la ruta Toribio-Santander de Quilichao, donde viajaban varios pasajeros que debían asistir a citas médicas que con todo el tiempo que tuvieron que espera por causa de la mala administración de la salud en el país, no querían perder; porque eso implicaría que sus molestias de salud agudizaran, por eso decidieron estratégica mente hablar con los indígenas que en el lugar, hacían presencia para resistir la fuerza de destrucción del estado; y pedirles que por favor garantizaran el paso de ese minibús, sin ir a ser afectados los pasajeros, a lo que respondieron los indígenas “que no había problema porque aún no iniciaban los choques, pero que ya era cosa del ESMAD, porque si pasaban eran ellos quienes intencionalmente arrojarían piedras al bus para después culpar al movimiento indígena de desadaptados”, después de que se diera esa tranquilidad por parte de los indígenas las personas del bus insistieron conjuntamente a los policías que impedían el paso, en que querían pasar y justificaron que llevaban una niña especial, que debía asistir a su tratamiento médico sin falta, solo así después de una requisa realizada por parte de la agentes de la policía, permitieron  el paso solo para ese vehículo.

Este ejercicio es irritante de parte de la de la policía, y me genera mucha inconformidad, porque no dejar pasar si no están enfrentándose, y no se ve ningún compañero atacando” comenta Marco Pavi, uno de los viajeros que venía en el minibús mientras observa los costados de la vía por donde está desplegado el ESMAD.  
Lo único que se observaba era más de 700 hombres del ESMAD, acompañados de tanquetas y varios tractores “oruga”, que se encontraban en terreno donde están los cultivos de pan coger.

Y en el punto donde se encuentra la el cementerio de Caloto, una gran cantidad de militares y policías del EMCAR, equipados con tanques militares, fuertemente armados como si fueran a combatir con grupos armados.

Para mayor sorpresa la cabecera municipal estaba fuertemente militarizada como si el pueblito estuviera en enfrentamientos. Situación que genera zozobra e intranquilidad en la población civil, afectándolos psicológicamente. 

Exigimos por medio de acciones de paz, que el gobierno no chancee con los anhelos del pueblo Colombiano, y que acuerde el cese bilateral YA!!

2015/ MAYO/ 28 / POR: MARCHA PATRIÓTICA ANTIOQUIA

Cumbre Agraria, Frente Amplio y Claror Social, ha sido acordado caminar juntos una serie de acciones que ayuden a blindar desde cada uno de nuestros escenarios el proceso de Paz.
En primera instancia el objetivo es sumarse, apoyar y proyectar a nivel nacional la jornada de la llama por la paz que lidera la Bogota Humana, todos los jueves en la Plaza San Martin, iniciando a partir del día de hoy hasta que se firmen los acuerdos.

Esta y otras acciones incluida una movilización nacional para el 23 de julio exigiendo el Cese Bilateral y la firma de los acuerdos hacen parte de lo que seria nuestra agenda de Paz conjunta para este segundo semestre.
Convocamos para que a partir de hoy todos los jueves en las comunidades, barrios, municipios, ciudades de Colombia donde sea posible reunirse de 5:00 a 7:00 hacer plegarias que terminen con la encendida por parte de cada participante de una luz por la paz, el cese bilateral u de hostilidades ya y la firma de los acuerdos.
En Bogotá el evento hoy será en el parque nacional a partir de las 5:00 p.m.
Hemos acordado convocar y usar para referenciar las fotos de donde se acoga la iniciativa los siguientes Hagstag a partir de este momento:


Las comunidades indígenas no pueden seguir siendo oprimidas por la mano negra del Estado colombiano, y menos cuando lo que hacen es organizarse para reclamar sus derechos; los cuales el gobierno a pisoteado con el incumplimiento de acuerdos enmarcados en la justa tenencia y producción de tierras para el buen vivir de los pueblos nativos.

Imagen de Google


20/ MAYO/ 2015/ POR: COMISIÓN DE COMUNICACIONES CONPI.

Tengan en cuenta que aunque amenacen, la lucha continuara por que es justa y necesaria. 

RESGUARDO INDIGENA KWET WALA
CABILDO MAYOR 
MUNICIPIO DE PRADERA VALLE


DENUNCIA A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Las comunidades indigenas del resguardo KWET WALA, del municipio de pradera valle, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, las amenazas que proviene desde hace varios  meses por actores que se denominan AGUILAS NEGRAS BLOQUE MILITAR VALLE DEL CAUCA.

Hechos.

El día domingo 08 de marzo del presente año llego a la casa indígena de este municipio, un panfleto  que venía de las AGUILAS NEGRAS BLOQUE CAPITAL, donde se amenazaba a tres comuneros pertenecientes a nuestro resguardo por apoyar la liberación de la madre tierra en el municipio de corinto departamento del cauca, los cuales le daban 24 horas a nuestros comuneros para que abandonaran este pueblo y la región.

Día sábado 16 de mayo del presente año a las 4:30 de la tarde llego nuevamente a nuestra sede indígena otro panfleto de parte de LAS AGUILAS NEGRAS BLOQUE MILITAR VALLE DEL  CAUCA donde declaran objetivo militar a los 3 comuneros de nuestro resguardo como continuando las mismas amenazas del panfleto anterior a los cuales les aclaran que se les acabo el tiempo de la amenaza anterior dándole 12 horas para que abandonen la región.

El mismo día sábado 16 de mayo del año en curso, en el lugar denominado el pedregal por la carretera que conduce a la vereda el nogal de este municipio, unas personas vistiendo unos chalecos de color negro abordaron a un campesino  de esta vereda donde le preguntaron, que donde quedaba el cabildo y preguntando por unos jóvenes que hacían parte al cabildo pero no dieron nombres. De igual manera el día domingo nuevamente estos hombres abordaron en el mismo lugar a otro campesino preguntándole que donde quedaba el cabildo, al cual respondió que quedaba más arriba. Este día por ser uno de los días de mercado donde la gente de esta región sube y baja al pueblo y muchos de estas personas vieron que quienes estaban en este lugar era el ejército nacional, por lo cual no entendemos estas preguntas cuando el ejército nacional conoce muy bien nuestro resguardo y nuestros órganos de gobierno propio.

Por todo lo anterior rechazamos estas amenazas que surgen de estos grupos armados, llámense legales o ilegales, que de una u otra manera amedrantan a toda las luchas de defensa y resistencia territorial ambiental social y cultural que adelantan todos los procesos, que solo reclamamos del estado un firme cumplimiento a las solicitudes y peticiones los cuales a estas exigencias solo recibimos este tipo de tratos por agentes que integran todo este aparato de guerra sucia, que a través de estos hechos amenazantes quieren apagar la esperanza del clamor a la solución a nuestros problemas y necesidades.

Finalmente, responsabilizamos al gobierno colombiano por las consecuencias que les pueda ocurrir a nuestros comuneros amenazados, como también alertamos a todos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por las constantes amenazas que en los últimos meses han venido apareciendo para nuestros integrantes del resguardo, lo cual esperamos del estado una pronta solución a este problema.

Pradera, mayo de 2015.
COMUNIDADES INDIGENAS RESGUARDO KWET WALA MUNIICIPIO DE PRADERA VALLE

Comunicado oficial del resguardo. 

Se exige al estado Colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, que garantice la pervivencia de las comunidades indígenas de Colombia. 


En una guerra donde los falsos positivos son premiados, !creer que pasan por equivocaciones de un policía ya es estupidez! Las comunidades indígenas de Colombia, rechazamos toda justificación sobre este hecho. Exigimos se castigue rigurosamente a quien lo cometió.   


2015/ MAYO 14/ Por:  Asociación de Autoridades tradicionales CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA - CRIOMC

CAQUETÁ: MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL ASESINAN A JOVEN INDÍGENA COREGUAJE

Denuncia Pública. La Asociación de Autoridades Tradicionales del CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA – CRIOMC y la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA - ONIC, en ejercicio de la Ley de Origen y Derecho Mayor, así como de las facultades legales y constitucionales que nos corresponden como autoridades, DENUNCIAMOS ante la opinión pública departamental, nacional e internacional lo siguiente:

1.         En el ejercicio legal de los derechos, las comunidades del pueblo indígena Coreguaje que integran la  Asociación de Autoridades Tradicionales del CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA-CRIOMC, reunidos en la sede del Resguardo Agua Negra, Municipio de Milán Caquetà, hoy 11 de mayo de 2015,  para analizar  y exigir a las autoridades de las entidades territoriales del Municipio de Milán y el departamento del Caquetá, sobre el asesinato por parte de la Policía Nacional del joven ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA; quien fuera miembro del Resguardo Indígena de Maticurù, Municipio de Milán Caquetá.

2.         El día 10 de Mayo de 2015 a las 11:30 p.m. fue vilmente  asesinado el joven Indígena  ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA cuando caminaba por la calle de la Inspección de Policía de la Localidad de San Antonio de Jetuchà, Municipio de Milán Caquetá, hecho que compromete a la Acción de la Policía Nacional.

3.         El Joven  ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA, miembro del Resguardo Indígena de Maticurù, de 14 Años,  cursaba séptimo grado de bachillerato en la Concentración Escolar la Rastra, hijo de HAROL HUMBERTO MARIN GARCIA y de ELSY GARCIA.

4.         La versión  del Inspector de Policía de la Localidad de San Antonio de Jetuchà, SILVIO TAMAYO, se basa en lo comunicado por  el Comandante de la Estación de Policía San Antonio de Jetuchà que se había presentado un hostigamiento por parte de insurgentes, lo cual dejó un auxiliar herido y muerto un joven civil a 11 metros, quien se encontraba con una camisa envuelta en la mano; el argumento inicial de la policía fue que un miembro de la policía hizo un llamado de pare y el joven  salió corriendo, por tanto  el policía le disparó en varias oportunidades quitándole la vida de manera instantánea”.

De conformidad con lo anterior, las autoridades indígenas asociadas en el CRIOMC:

1.         RECHAZAMOS enfáticamente la violación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en especial del Pueblo Coreguajes uno de los 36 Pueblos Indígena en vía de Extinción física y Cultural declarado por la Corte Constitucional. Esta violenta acción ejercida por miembros de la Policía Nacional atenta contra las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos, establecidas en distintos instrumentos nacionales e internacionales, que todas las autoridades públicas están obligadas a cumplir a cabalidad.

2.         DENUNCIAMOS públicamente a nivel local, regional y nacional a la Policía Nacional por estos hechos y al Comandante de la Estación de Policía y  comandante del Departamento de Policía Caquetá, coronel William Alberto Boyacá Zambrano,  como responsable del asesinato del Joven indígena estudiante de séptimo grado de bachillerato ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA en San Antonio de Jetuchà.

3.         SOLICITAMOS a la Fiscalía General de la Nación y todos los entes de control, que inicie formalmente una investigación por estos hechos y se determinen los responsables de este asesinato al joven indígena y la flagrante  violación a los derechos humanos, previo el procedimiento judicial respectivo.  Para que no nos lo incluyan en la larga lista de falsos positivos.

4.         SOLICITAMOS a la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo que en el marco de sus competencias ejerzan las acciones a que haya lugar.

5.         RECHAZAMOS este Asesinato Contra los miembros el pueblo Indígena Coreguaje y EXIGIMOS la reparación integral de los derechos fundamentales del Joven indígena ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA, incluida la garantía de protección Individual a la familia y al Pueblo Coreguaje.

Igualmente, y en atención a la compleja situación de los miembros de las comunidades indígenas del Pueblo Coreguaje, EXIGIMOS a las autoridades municipales y departamentales de la región, y a los entes nacionales, el cumplimiento de los establecido para garantizar los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestros territorios ancestrales;  SOLICITAMOS, a los organismos de Investigación de protección de los Derechos Humanos, a nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC,  y el acompañamiento de organismos garantes se aborden, investiguen y acompañen para esclarecer los hechos y hacer cumplir los derechos aquí señalados con enfoque diferencial orientados a disminuir la violación a los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos a su libre movilidad  y pervivencia en sus territorios ancestrales. EXIGIMOS el acompañamiento de las diferentes entidades gubernamentales y del nivel nacional e internacional competente para trabajar de manera decidida por erradicar todas las formas de violencia contra los miembros de los Pueblos Indígenas y la implementación  del Plan de Vida y el Plan de Salvaguarda, según Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, de manera articulada y concertada con las Organizaciones CRIOMC y la ONIC.


Resguardo Agua Negra, Municipio de Milán (Caquetá), 11 de Mayo de 2015.

El Gobierno ha decidido suspender las fumigaciones con glifosato sobre los cultivos de la planta de coca. Las denuncias de organizaciones sociales en Colombia y la comunidad internacional finalmente lograron parar este crimen contra el ambiente y la humanidad. Incluso el Ministerio de Salud alertó sobre los graves efectos cancerígenos que este producto, fabricado por la multinacional Monsanto, provoca.

2015/ Mayo 13/ Por: Tomàs Gisbert & María Jesús Pinto
Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Esta alerta ha surgido a raíz del informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que ha determinado el químico glifosato como posible causante de cáncer en personas y plenamente demostrado en animales de laboratorio. Cuestión ésta que durante largos años ha sido negada por la transnacional Monsanto y por el gobierno de EEUU (promotor en Colombia de las fumigaciones a raíz del Plan Colombia).

Igualmente la Defensoría del pueblo colombiana ha dado a conocer un informe sobre los efectos nocivos de estas fumigaciones en el departamento del Putumayo, en la cuenca amazónica, en el que certifica los graves daños a la salud, a los recursos naturales, los cultivos alimentarios y de subsistencia de las comunidades, al deterioro de suelos y ecosistemas, y la desaparición de especies animales que no se recuperarán.

Las comunidades campesinas e indígenas ya hace años que vienen protestando enérgicamente contra las fumigaciones. A mediados de 2014 tuvieron cortada durante 17 días la vía que conecta los pozos petroleros del Corredor Puerto Vega-Teteyé, al sur del caudaloso río Putumayo, resistiendo los intentos para desalojarlos del brutal ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía). Líderes de los resguardos de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón interpusieron una acción de tutela a la Corte constitucional, que ha tenido como primer resultado este informe de la Defensoría del Pueblo.

¿Pero cuál es el trasfondo de las fumigaciones?

Es cierto que en muchas zonas del campo colombiano se cultiva la coca, y que en el Putumayo también se cultiva. Pero hay que entender que la política de fumigación del gobierno colombiano, financiada en una tercera parte por el gobierno estadounidense, no es una solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito. Si los campesinos y campesinas en muchas ocasiones siembran la planta de la coca, es porque la economía campesina está abandonada por las políticas gubernamentales, abocadas en promover la agroindustria depredadora y a construir carreteras para sacar del territorio el expolio que grandes empresas nacionales y transnacionales hacen de los recursos naturales, minerales e hidrocarburos; si cultivan la hoja de coca es porque las comunidades sólo pueden comercializar sus productos sacándolos a peso o en mula por trochas intransitables, y en estas condiciones sigue siendo más fácil y más rentable económicamente comercializar unos kilos de hoja de coca que no unos kilos de banano o de café.

La política antidroga de los gobiernos colombianos han focalizado su atención, no en las sustancias precursoras o el procesamiento de la hoja de coca, ni en la distribución de la droga o el blanqueo del dinero que genera, ni en las grandes organizaciones criminales que la mueven, que penetran el estado y la economía, sino en los pequeños cultivadores de la hoja de coca, que con ella malviven como pueden. Y consecuentes con esta política han hecho de las fumigaciones aéreas la principal herramienta de erradicación de los cultivos de uso ilícito, sin atender ni poner medios para hacer políticas eficaces de sustitución voluntaria de cultivos de coca por otros cultivos que den para vivir a las comunidades que trabajan la tierra, políticas que vayan acompañadas del tiempo necesario para implementar otros cultivos y de la construcción en los territorios de infraestructuras y redes de comercialización.

Matar de hambre comunidades campesinas e indígenas para entrar las petroleras

Pero, además, en el Putumayo, como en otras zonas del país, hay intereses no explicitados ni admitidos. Hay una decidida apuesta gubernamental para convertirlo en uno de los principales departamentos productores de petróleo del país. Los pozos se extienden por todo el departamento, y el extractivismo ha entrado acompañado de una profunda militarización. La Brigada 27 del ejército colombiano, en la que están integrados también los Batallones Especiales Energético Viales 9, 11 y 21, protege toda la infraestructura petrolera, tiene bases dentro mismo de los pozos petroleros, de las baterías de distribución, del oleoducto trasandino y sus ramales, controlan todas las vías de comunicación y tienen estrechamente vigiladas a las comunidades indígenas y campesinas que allí viven. Esta militarización ha dado seguridad a la extracción de petróleo, pero no ha frenado las violaciones de los derechos humanos en las poblaciones campesinas e indígenas, ni ha impedido la actuación del paramilitarismo, hechos todos estos que no forman parte de sus objetivos.

Por el contrario, las comunidades están viviendo una política de acoso y violación de derechos humanos constante, también por las propias fuerzas armadas, para que desalojen el territorio, para que dejen de ser un estorbo a la expansión del extractivismo petrolero.

Un caso paradigmático de ello es la comunidad de la vereda del Piñuna Blanco, que tuvimos la oportunidad de visitar el pasado noviembre. Todos los habitantes de la vereda se vieron obligados a confinarse en un pequeño espacio de su territorio, amenazados por el hambre, porque la fumigación indiscriminada, intencionadamente, había estropeado todos sus campos para abastecerse de alimentos, del pancoger, y había destrozado todos sus cultivos productivos. Plantaciones de cacao levantadas con muchos años de esfuerzo quedaban destrozadas al pasar la avioneta fumigadora. Incluso los habían fumigado a ellos mismos, a sus propias casas. Y todo en un contexto en que la petrolera Gran Tierra quiere atravesar el río Piñuna Blanco para instalar nuevos pozos de petróleo en la otra ribera.

Como es también el caso de la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, en la frontera con Ecuador, un proyecto de vida campesina donde 700 familias conviven con los pozos petroleros de Amerisur Resources y de Colombia Energy, que ha visto como era sistemáticamente fumigada, sin que se pusieran en funcionamiento planes, líneas de comercialización y de transporte para poder subsistir sin la hoja de coca.

Mientras miles de camiones tanques llenos de petróleo atraviesan el territorio, las poblaciones campesinas e indígenas ven la contaminación que deja la extracción petrolera, las carencias en infraestructura, salud, educación y servicios públicos que tienen que seguir sufriendo y como las fumigaciones arruinan sus medios de vida, sus cultivos, las fuentes de agua. El glifosato cae a chorro en tierras con cultivos ya sean de uso ilícito, pancoger o proyectos productivos de palmito, pimienta, cacao, plátano o yuca, que, incluso, en algunos casos han sido financiados por el propio gobierno o la propia USAID, la agencia de cooperación norteamericana.

Hay que entender así las fumigaciones, no como una política para disminuir los cultivos de uso ilícito, sino en muchos casos, más allá también del Putumayo, como una estrategia para eliminar los medios de vida y de alimento para obligar por el hambre a desalojar territorios codiciados por el extractivismo. Esta estrategia perversa combinada de militarismo y matar de hambre y de enfermedades a las comunidades es una forma criminal de obligar al desplazamiento forzado en Colombia. Es por ello, que ante la evidencia del carácter totalmente nocivo del glifosato la respuesta que el gobierno colombiano se está planteando, no es una política para favorecer la economía campesina y para posibilitar realmente la sustitución de los cultivos ilícitos, sino para poder continuar la política de fumigaciones pero eso sí, sustituyendo el glifosato por otros agro-tóxicos que aún no tengan la mala fama de éste. Pero como dicen las poblaciones del campo, ¡paren ya de fumigarnos!




El hecho ocurrió 5 días después de una jornada de verificación y documentación sobre posibles impactos por actividades de exploración sísmica adelantadas por la empresa EGS operadora de la petrolera Gran Tierra Energy Colombia LTDA, sobre un área de reserva de la comunidad indígena Nasa Cxha Cxha.
Dispararon indiscriminadamente contra la comunidad

2015/ Mayo 9/ Por: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Armados incineran vivienda comunitaria de Pueblo Nasa, violencia podría relacionarse con operación petrolera

A eso las 8:55 p.m. del día de ayer, un grupo aproximado de 15 sujetos portando armas largas vestidos con uniformes camuflados y encapuchados ingresaron al asentamiento indígena del pueblo Nasa ubicado en el caserío Bellavista, municipio de Orito, prendiendo fuego a una vivienda comunitaria.

El hecho se produjo luego que el profesor que se encontraba en la vivienda comunitaria huyera del lugar desacatando la orden de pare de los armados. El grupo disparó y lanzó granadas sobre el docente que logró evadir el ataque y las que impactaron contra un garaje en donde se encontraban dos vehículos y tres motocicletas.

Otras cinco familias indígenas que habitan el lugar huyeron hacia la zona boscosa salvaguardando sus vidas.

Hoy hacia las 9:00 a.m. las familias empezaron a regresar al caserío, algunas de ellas hacen parte del grupo de víctimas que están siendo reparadas por la masacre del Nilo, Cauca.

Ayer en horas de la tarde los indígenas observaron un taxi y tres motocicletas a un kilómetro del caserío donde presumiblemente se movilizaron los armados desde el casco urbano de Orito, movilidad preocupante porque se produce en medio del control militar que hay sobre la vía en custodia de infraestructura petrolera.

Al medio día de hoy una comisión de observación de la Oficina de Derechos Humanos UN y Defensoría del Pueblo hizo presencia en el lugar.

Hacia las 2:30 p.m. dos hombres en una motocicleta arribaron al lugar tomando registros fotográficos de las familias y líderes Nasa y defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz intimidándolos y hostigándolos. Cuando estos iban a ser abordados huyeron del lugar.

El pasado 6 de abril en la región un grupo autodenominado “La Mano Invisible Comandos Urbanos” lanzó amenazas contra indígenas, organizaciones indígenas y sociales que se opongan a las políticas del presidente.
Así quemaron la casa comunitaria del Pueblo Nasa

El caserío indígena fue el escenario de concentración de las comunidades indígenas y campesinas que a finales del año pasado se opusieron a actividades sísmicas en este territorio debido a la gran riqueza hídrica y biológica. Corpoamazonía en enero de este año mediante resolución declaró uso prohibido actividades sísmicas y petroleras en ella.

El hecho ocurrió 5 días después de una jornada de verificación y documentación sobre posibles impactos por actividades de exploración sísmica del programa PUT 10 2D, adelantadas por la empresa EGS operadora de la petrolera Gran Tierra Energy Colombia LTDA, sobre un área de reserva de la comunidad indígena Nasa Cxha Cxha.

Desde el pasado 18 de noviembre hasta el 12 de enero de este año, la empresa EGS adelantó el trazado de 6 líneas sísmicas de aproximadamente 74,05 km y la construcción de 2 grandes campamentos en los puntos conocidos como La Garza y Bella Vista.

La verificación realizada hace parte de la documentación del caso que se presentaría en la Audiencia Pública sobre el tema petrolero y ambiente que se realizará en Puerto Asís en junio próximo.

A la comisión verificadora la comunidad manifestó su preocupación por el posible ingreso con la petrolera de grupos violentos contra los opositores a la explotación petrolera.

Bogotá,D.C. abril 8 de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz


A continuación publicamos la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de la Baja Bota Caucana, Cofania Jardines del Sucumbíos-Nariño y Putumayo.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Comisión De Derechos Humanos De La Mesa Regional de Organizaciones Sociales de la Baja Bota Caucana, Cofania Jardines del Sucumbíos-Nariño y Putumayo hacemos denuncia pública y comunicamos sobre las graves violaciones al Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del pueblo que sufren en estos momentos el Resguardo Indígena del Pueblo Nassa -KWE’SX KSXA’W en la Vereda Bellavista del Municipio de Orito, Putumayo,

Hechos:

1-      El 07 de mayo en la vereda Bellavista, del municipio de Orito, Putumayo siendo las 9:00pm un grupo de quince (15) personas, armadas y no identificadas, incursionó en el Resguardo Indígena del Pueblo Nassa; dispararon indiscriminadamente contra la comunidad, lanzaron  granadas contra el garaje comunal y prendieron fuego en la casa comunitaria. Esta incursión duro aproximadamente cuatro (4) horas.

2-      La comunidad del resguardo huyó con sus familias temerosas por sus vidas y hasta la tarde del día 8 de mayo lograron reencontrase nuevamente y verificar que ningún miembro estuviese desaparecido o hubiese sufrido alguna lesión.

3-      Un profesor del Resguardo del Pueblo Indígena Nassa, “quien al escuchar la presencia de extraños se asomó; los sujetos le dieron la orden de alto, apuntándole con las armas, ante esto, el profesor salió corriendo”.

4-      El 08 de mayo luego que miembros del Pueblo Indígena Nassa y sus respectivas autoridades, informarán sobre lo sucedido a la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del departamento, realizó visita de verificación al lugar de los hechos, comprobando en terreno la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario del pueblo indígena y la comunidad campesina de la Vereda Bellavista, en Orito. (Ver Fotografías adjuntas)

5-      Actualmente, la comunidad temerosa por sus vidas y su tranquilidad tuvieron que alterar la cotidianidad suspendiendo sus actividades de trabajo y suspender las clases de los menores, pues la escuela se encuentra a pocos metros del lugar del incendio.

6-      La comunidad del pueblo Nasa quedó desprotegida y aislada del casco urbano, pues en la casa comunitaria se encontraban todos los utensilios para la cocina, víveres y enceres, herramientas de comunicación, y los vehículos de transporte.

7-      Llama la atención que en la verificación en la vereda por parte de la Comisión de Derechos Humanos, hasta el día de hoy no ha llegado la presencia de la fuerza pública, ejército y/o policía judicial, y ninguna autoridad civil del orden municipal y departamental, para adelantar procedimientos correspondientes a la cadena de custodia; pues se observa que  hay esquirlas y casquillos de fusil alrededor del lugar.

Hacemos un llamado ante las autoridades departamentales, nacionales e internacionales, para que se proteja y respete la vida de los integrantes de la Vereda Bella Vista, en el municipio de Orito y en especial al Resguardo Indígena del Pueblo Nassa, quienes han realizado anteriormente, labores de protección, cuidado y denuncia pacificas por la vida y el territorio; la fauna silvestre en vía de extinción y las reservas forestales protegidas por Corpo-Amazonia.


De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.


Exterminio en Colombia: privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas

En La Guajira colombiana, una región situada al norte del país y hogar de uno de los mayores pueblos indígenas de Colombia, los wayúu, se está produciendo un exterminio silencioso, del que muy pocos medios informan. Los wayúu están muriendo de sed y hambre porque una empresa minera y grandes propietarios agrícolas han privatizado el principal río de la región, el Ranchería, y los han dejado sin agua.

Denuncian que ya han muerto de inanición y sed 14.000 (14 mil) indígenas, especialmente niños y personas mayores. Incluimos al final de la nota, parte del documental “El río que nos robaron” del periodista colombiano Gonzalo Guillén. El documental será utilizado como prueba documental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. MM

Exterminan en silencio a la mayor nación indígena de Colombia.

El río madre fue privatizado para el servicio de la industria agrícola y la explotación del carbón.

Como los medios de comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas bien definidas y orientadas, especialmente contra Cuba, Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente; usted no sabrá que la nación indígena Wayúu [1], la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón -a cielo abierto- más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará, seguramente, la denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, de la OEA, con sede en Washington, por la violación de sus derechos vitales fundamentales.
Los datos que existen del crimen que se comete contra la etnia Wayúu no son precisos, informa la web las2orillas.com. Según esta fuente, en el extenso territorio que ocupan en el extremo Norte del país sudamericano, la nación de origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier caso, según Armando Valbuena, autoridad tradicional Wayúu, unos 14 mil niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene.

A todo esto hay que agregar que la escasa ayuda del gobierno colombiano a los Wayúu, no llega a los indígenas. El caso del Programa de Alimentación y Nutrición, en el que se invierten más 15 millones de dólares, es un ejemplo. Buena parte de ese dinero – denuncian los voceros de los Wayúu, Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana- se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos. Téngase en cuenta, además, que La Guajira posee una población de 500 mil habitantes y ha recibido, durante los últimos 20 años, más de mil millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. Pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales.

En medio de ese panorama, en febrero de este año cinco autoridades tradicionales indígenas, a través de su representante legal Javier Rojas Uriana, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictase medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado.
Según la abogada Sáchica Moreno, del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia colombiana, sumida en la miseria y el abandono.
La cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón de Cerrejón.
De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.

Por otra parte, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si, después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las minas.
Finalmente, del conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas a la Comisión se destaca el documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano Gonzalo Guillén, “El río que se robaron”, donde se testimonian los hechos denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y declaraciones de los protagonistas.


[1] El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte de su obra.

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