Por: Luz Mery Panche ChocueDesde hace varios años, en diferentes espacios, y desde diversas posiciones políticas, se ha ido
sembrando en el imaginario colectivo nacional, una serie de paradigmas que han profundizado no
solo el racismo contra los pueblos indígenas sino la exclusión, el rechazo e incluso la violencia física
contra voceros, Autoridades, instalaciones, mingas/ movilizaciones, amenazas, que en varias
regiones ha significado acciones concretas de grupos armados legales e ilegales en contra del
Movimiento Indígena.
En el documento anterior mencionamos varias cifras oficiales que denotan la magnitud del
exterminio histórico que afrontan los pueblos originarios y vamos a tratar de exponer algunos
factores que consideramos importante analizar para asomarnos al diverso mundo indígena y
alimentar el debate nacional sano, respetuoso, serio y que genere impactos en la vida de la nación.
En esta oportunidad vamos a dar algunas puntadas sobre el álgido asunto de la tierra y el territorio,
que además de ser eje central para la existencia digna de los pueblos originarios, también ha sido
catalogado como la raíz de los conflictos, social, político y armado, que han dejado tanto dolor,
miedo y pobreza en la mayoría de los que habitamos este país.
Según el Decreto 2164 de 1995, contenido en el Decreto 1074 de 2015, define que los Territorios
Indígenas “Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o
grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el
ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. (…)”. De esta manera se
reconoce el derecho territorial de los pueblos que originariamente y por miles de años lo han
habitado, es decir propietarios ancestrales. Y esto obedece a que el concepto de linderos, de
fronteras no hace parte del lenguaje propio de estos pueblos, que asumen el manejo adecuado del
territorio desde la Ley de Origen o Palabra de Vida y del Derecho Mayor o Derecho Natural.
Como resultado del proceso histórico de despojo territorial, iniciado desde hace 527 años, para el
caso específico de Colombia, los Pueblos Indígenas fueron obligados a reducir su ámbito territorial
a través de la imposición de los Resguardos desde la colonia hasta nuestros tiempos.
Hoy existen 115 Pueblos Indígenas en Colombia con 719 Resguardos legalmente constituidos, que
corresponden apróximadamente al 30% de la totalidad del territorio nacional. Y este dato general
suscita discursos y posiciones políticas desde el gobierno, el estado y partidos tradicionales, para
oponerse a las solicitudes justas de entrega de tierras para la constitución de nuevos resguardos y
procesos de saneamiento y ampliación.
Lo que no se visibiliza en este asunto territorial es la calidad y vocación de los suelos adjudicados
como Resguardos donde el 71% de la tierra están ubicados en la franja de bosque húmedo tropical
y de ella, 27 millones de hectáreas están ubicados en la región de la selva amazónica, es decir que
cerca del 87% del territorio indígena es territorio selvático habitado por 64 de los 115 pueblos
indígenas registrados oficialmente además de los Pueblos en Aislamiento Voluntario o no
Contactados aún con lo que llaman civilización. Cabe aclarar, que, en la Amazonia, no todo el
territorio indígena es de su exclusiva propiedad ya que un gran número de resguardos esta
traslapado con áreas de los 11 Parques Nacionales Naturales que allí se han conformado.
Tampoco podemos desconocer que la gestión de esos territorios, aún en la Amazonía siempre ha
estado condicionada por los actores armados presentes y ha sido imposible avanzar en garantías y
el reconocimiento pleno de las Autoridades Indígenas como Autoridades Ambientales.
Ahora bien, si analizamos en términos de población, del 1.905.517 del total nacional de personas
indígenas, (según DANE y recalcamos aquí el amplio subregistro poblacional), apróximadamente
200 mil indígenas habitan en los seis (6) departamentos que conforman la región de la selva
amazónica colombiana, (estos seis departamentos tienen una población total de cerca de un millón
doscientas mil personas), ocupando el 87% de la totalidad del territorio indígena en Colombia.
Y es importante resaltar aquí que ha sido fundamental el establecimiento de resguardos en la
amazonia colombiana porque han sido precisamente los pueblos originarios, quienes han dado
ejemplo de cuidado, conservación y protección ambiental y del manejo adecuado de la selva
amazónica como pulmón y corazón del planeta. Tarea nada fácil y que se ha convertido en un alto
riesgo para la seguridad y la salud física y territorial debido a la entrega irresponsable de concesiones
y contratos para la explotación de petróleo y minerales, así como para la construcción de
hidroeléctricas y estructura vial, sin resolver los graves procesos de contaminación de importantes
ríos como el Putumayo, San Miguel, Caquetá, Caguán, entre otras fuentes hídricas que hoy están
envenenadas con mercurio (Hg) y de las cuales se abastecen para su consumo los pobladores
rivereños que están muriendo envenenados también. Es sabido además que las tierras amazónicas
son especialmente importantes para la conservación ecológica y no tienen vocación agropecuaria,
por lo tanto, sería muy grave cambiar esa vocación.
Con los datos anteriores queda claro que las tierras de resguardos ubicados en la región andina, el
pacifico, la costa caribe y la Orinoquia, corresponden solo al 13% del total territorial habitado por el
85% del total de indígenas colombianos. Pero además habría que tener en cuenta que de ese 13%
existe un gran porcentaje de tierras indígenas ubicadas en áreas de bosque húmedo tropical,
paramos y otras áreas de protección ambiental.
Podemos decir entonces que, en regiones con alto número de población, a diferencia de la zona
selvática, los pueblos originarios viven en alto grado de hacinamiento por su estrechez territorial,
mientras que a su alrededor aún persisten los grandes latifundios, fruto del despojo territorial
histórico y otros que han consolidado los industriales como sucede con los ingenios azucareros en
el Valle del Cauca o los arroceros en el Tolima.
Insistir en la reforma agraria se hace necesario, especialmente en regiones como el Cauca donde el
hacinamiento de los pueblos indígenas es evidente, sobre una amplia geografía de montaña y
paramos que no debería intervenirse por su vocación de conservación natural y por tratarse de
sitios sagrados ancestrales desde su Ley de origen.
Al acercarnos a esta realidad, queda sin piso asegurar que los Pueblos originarios de Colombia no
necesitan tierra o que son terratenientes, pero además queda claro que en medio de la precariedad
han logrado sostener practicas ancestrales para convivir en armonía con la naturaleza y que se hace
preciso concretar sus propuestas e iniciativas para garantizar no solo la propiedad colectiva de la
tierra sino el ejercicio de todos los derechos que han conquistado con sus luchas históricas y que
hasta ahora han tenido tan poco desarrollo en sus comunidades.
Estos tiempos son tiempos de cambio y la realidad nos plantea retos que se deben asumir desde
diferentes niveles del Estado y del Gobierno, y con mayor fuerza desde las comunidades para ejercer
su derecho a la participación real. No esperemos cambiar repitiendo las mismas acciones que hoy
nos muestra el fracaso de la intervención del estado en materia de salud, de educación, de
tecnología, de economía y desarrollo. Es imperante reconocer que ha sido equivocada la actuación
estatal para resolver el cáncer del narcotráfico y la corrupción tanto en los ámbitos público y
privado, así como las buenas intenciones por la conservación ambiental que debe convertirse en un
principio rector de todas nuestras acciones y que los pueblos originarios en Colombia juegan un
papel muy importante para realizar tales cambios, no solo para garantizar su existencia sino el Buen
Vivir de todos.
Dejamos por ahora dejamos hasta aquí estas pocas líneas.
